Panamá América pudo conocer de una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores que en la década del 90 se solicitó la extradición de Noriega por la condena a 20 años de prisión en el homicidio del médico Hugo Spadafora.
Los otros dos casos de extradición solicitados en 1991 contra el ex general de las Fuerzas de Defensa, responden a un hecho violatorio de los derechos humanos contra Osvaldo (Federico) Boyd Chapman y por el delito de extorsión contra Constantino Batan Quintana.
Al mismo tiempo, la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría General de la República mantiene un proceso de investigación relacionado con una póliza de seguro de vida, cuyo valor de rescate es de B/. 54,499.
El magistrado presidente de la DRP, Oscar Vargas Velarde, informó que los otros seis procesos patrimoniales en contra del general Manuel Noriega fueron debidamente tramitados y se remitieron al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su ejecución.
Entre los casos investigados que fueron enviados a la Dirección General de Ingresos del MEF para el cobro coactivo de las lesiones patrimoniales causadas se encuentra uno concerniente al retiro de dinero en efectivo de la Reserva del Banco Nacional de Panamá y desembolsos de fondos públicos.
A Noriega se le declaró responsable, patrimonialmente, por la suma de 1,316,035.21 balboas.
Igualmente se le responsabilizó por el uso y el destino dados a los fondos provenientes de la cuenta del Fondo de Adelanto de las Fuerzas de Defensa, por la suma de B/. 965,220.00.
Otro de los casos se relacionó al aprovechamiento indebido de riquezas naturales en la Isla Penal de Coiba por la suma de 254,929.63 balboas.
La DRP lo determinó responsable con la apertura en Panamá y en el extranjero, de cuentas en el Bank of Credit and Commerce International. Se ordenó a Noriega y a la entidad bancaria el reintegro al Tesoro Nacional de la suma de B/.7,603,606.34 por lesión patrimonial evidente.
El presidente de la DRP informó que a Noriega se le condenó por B/. 176,760.00 por una lesión patrimonial contra el Estado.
También, por el proceso relacionado con el aprovechamiento ilícito de materiales de propiedad estatal utilizados en la finca Nº54565, localizada en Calzada Larga. Se declinó al Ministerio de Economía y Finanzas los trámites del juicio por jurisdicción coactiva.
El secretario General de la Procuraduría de la Nación, Rigoberto González, informó que el Ministerio Público está finalizando la recopilación de todas las causas penales seguidas al ex general Noriega, con el fin de establecer el estatus de cómo terminaron los procesos y si dentro de estas causas penales se requirió la extradición.
La información solicitada por la Procuradora Ana Matilde Gómez ha sido suministrada por las fiscalías superiores, de circuito y por la Cancillería, quienes acreditaron solamente la solicitud de tres procesos donde se ha requerido la extradición del ex jefe de las Fuerzas de Defensa.
En una información suministrada por la Corte Suprema, a través del Segundo Tribunal de Justicia, se decretó la extradición de Noriega por el delito de homicidio del ex militar Juan José Arza y otros, dentro del proceso de la Masacre de Albrook a través de una resolución de 2 de octubre de 1998.
A través de un oficio de 8 de abril de 1999 se remitió copia de la condena a Noriega por su participación en la masacre de Albrook.
El presidente de la Comisión de la Verdad, Alberto Almanza confía en que las sentencias de las condenas contra Noriega no queden impunes.
Un grupo de militares han hecho responsable a Noriega de los homicidios cometidos durante la dictadura.
