Evolución
- 80 funcionarios de Panamá, Argentina, Rep. Dominicana, Chile y México capacitó la OEA.
- 4 años es la sentencia máxima que debe tener un detenido para participar en el programa.
A partir del mes de febrero de este año podría darse la libertad condicionada a unos 200 detenidos por casos leves, cuando entren a implementarse los tribunales de tratamiento de drogas.
Se trata de una cantidad de privados de libertad con sentencia ejecutoriada que en estos momentos están detenidos en la cárcel de Tinajitas de San Miguelito, donde se iniciará este programa como plan piloto.
Dicho centro penitenciario es exclusivo para aplicar la medida de prisión a las personas implicadas en casos leves o que la pena no supera los cuatro años de prisión.
Es decir, se trata de casos relacionados con hurtos y falsificación de documentos y algunos casos de homicidio culposo con atenuantes.
Uno de los principales requisitos para ingresar al programa de los tribunales de drogas es precisamente cumplir con esta situación jurídica de estar implicado en casos de delitos simples o que no superen los cuatro años de prisión.
Sumado a estas personas se les debe comprobar que están en una situación de narcodependencia.
Este programa es promovido por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y organismos internacionales que participan con el financiamiento de la capacitación de los funcionarios judiciales panameños, quienes viajaron a Washington, Estados Unidos, a finales del 2013, para conocer el funcionamiento de los tribunales de droga en ese país.
Ahora vendrá una segunda fase de parte de la OEA que consiste en certificar a las entidades del Estado y la sociedad civil, que se encargarán de darle tratamiento a estas personas para liberarlos de la adicción a las drogas.
Se trata de agrupaciones como la Cruz Blanca, Hogares Crea y agrupaciones de las iglesias católica y evangélica.
Con esta certificación, la OEA dará financiamiento a estas agrupaciones para colaborar en este programa de rehabilitación.
El programa se realiza como una preocupación mundial por el tema del hacinamiento carcelario y el incremento de los casos violentos, como la violencia doméstica con consecuencia de homicidio, que tiene relación directa con la dependencia a la droga y el alcohol.
La procuradora general de la Nación, Ana Belfon, indicó que ya ha completado la agenda que se propuso a la OEA, que consistía en la capacitación de los funcionarios y las reuniones de coordinación interinstitucional. Belfon detalló que se trata de un programa voluntario, es decir, que no se podrá obligar a ningún detenido a ingresar. Será como una libertad vigilada en la que periódicamente las entidades que dan el tratamiento rinden un informe.
