Contrataciones directas, que suman más de B/ 119.1 millones, han sido la tónica en los primeros cien días de gobierno. Dos de ellas han desatado críticas de varios sectores. ¿Su contratante?, el Ministerio de Salud.
La primera de ellas, la compra de 20 ambulancias por B/ 1.6 millones a la empresa Keydex Panamá, S.A., desató una polémica entre el contralor Carlos Vallarino y los ministros de Salud, Franklin Vergara y de Economía, Alberto Vallarino.
El contralor fue preciso: Keydex no presentó una dirección para ubicarla, lo que consideró como "muy extraño" y su membrete corresponde a una empresa de Venezuela, que no es "idónea", porque no tiene sello ni certificación de respaldo de su subsidiaria en Panamá.
La segunda fue la construcción de un Centro de Atención Primaria de Salud en Las Garzas por B/ 3.6 millones. El contrato fue adjudicado a Design Build & Engineering Panama que, además de no tener experiencia en construcción en este país, fue creada el 9 de julio de 2009, una semana después que tomó posesión Martinelli.
Los ministerios que más pidieron autorización para excepción de licitaciones fueron: Obras Públicas, Gobierno, Educación, Salud, Presidencia y Economía y Finanzas.
También lo hicieron la Zona Libre, el Municipio de Panamá, la Empresa de Transmisión Eléctrica y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.
Revisión.“La excepción y no la norma", consideran empresarios y miembros de la sociedad civil que deben ser las contrataciones directas del Gobierno.
A su juicio, los B/ 119.1 millones que aprobó el Consejo Económico Nacional en los tres meses de gobierno, deben ser revisados cuidadosamente para que prevalezca la transparencia pública.
El presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Adolfo Linares, consideró que aunque la Ley de Contrataciones Públicas permite realizar estas excepciones, sólo deben ser usadas en casos de "urgencias" o cuando otra empresa no tiene el bien o servicio que se solicita.
Este criterio es compartido por el ex presidente de la Cámara, Enrique de Obarrio, quien insistió en que el primer paso siempre debe ser recurrir a las licitaciones, ya que asegura "la transparencia y la mejor propuesta para el Estado" en calidad y precio.
Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, planteó que la población espera licitaciones transparentes y no contrataciones directas que puedan prestarse para "el tráfico de influencias y la corrupción".
