El actual presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), Luis Fernando Aramburú Porras, criticó el pasado 15 de agosto la adjudicación de contratos directos en el Gobierno y abogó por el uso de las licitaciones públicas.
Sin embargo, la solicitud de Aramburú Porras se contradice con los beneficios que personalmente obtuvo en el gobierno pasado, también a través de la misma vía que hoy señala como foco de corrupción.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso Panamá América revelan que desde julio de 2005 hasta diciembre 2006, Aramburú Porras recibió al menos dos contratos de consultorías directos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los cuales fueron pagados con recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El total de los contratos fue por 104 mil 475 dólares, incluida una adenda de 10 mil 500 dólares que surgió en medio de la renovación del primero.
Por cada contrato, cuya duración fue de nueve y siete meses, respectivamente, se le pagó a Aramburú Porras la suma de 60 mil 375 dólares, más la cantidad de la adenda antes mencionada.
Cabe señalar que la contratación adjudicada, sin licitación de por medio, a Aramburú Porras y Asociados, S. A., compañía del nuevo presidente de Apede, incluía además del servicio de consultoría, el diagnóstico de la situación de los contratos de alquiler de bienes inmuebles para uso de oficinas del Gobierno central, actualmente en vigencia.
En este contrato, el Gobierno estuvo representado por David Saied, quien actuó como director de la Unidad Técnica de Políticas Públicas de aquella institución, que estaba a cargo del entonces ministro Ricaurte Vásquez.
Rendición de cuentas
Roberto Troncoso, expresidente de Apede, dijo que es penoso que los medios tengan que escarbar para descubrir este tipo de situaciones, ya que la información sobre contrataciones públicas debe ser provista por las autoridades antes de celebrarse dichos acuerdos de interés público. “Es justo mencionar que no solo en esta, sino en administraciones anteriores, se han hecho contrataciones directas; algunas fueron denunciadas y otras han pasado agachadas”, señaló.
Ernesto González Ramírez, gremialista empresarial en el gobierno de Martín Torrijos, manifestó que la actual administración modificó las leyes para hacer contratos públicos y también directos, con el objetivo de acelerar la entrega de sus obras; pero que eso, a su parecer, ha generado cierta suspicacia entre la opinión pública, que debe ser tomada en cuenta.
“Como consecuencia de eso, las contrataciones de las obras se han hecho más rápidas, pero la falta de información genera morbo”, sostuvo.
González Ramírez agregó que de haber una denuncia por un presunto caso de corrupción o mal manejo en la contratación directa a Aramburú Porras y Asociados, S. A., esta debe ser presentada a las instancias legales. “No puedo acusar a una persona de haber hecho algo sin tener pruebas, pero si alguien las tiene, que las presente”, indicó el dirigente empresarial.
Maribel Jaén, de Justicia y Paz, aseguró que en estos casos las autoridades deben cumplir los procedimientos legales. “Un elemento importante es la rendición de cuentas”, manifestó.
Panamá América intentó, por varias vías, contactar a Aramburú Porras, pero este no contestó.
