Desde su creación, en 1998, la Ley Faúndes se le ha aplicado a diversas personalidades políticas.
El primero que sintió el "peso de la ley" fue al entonces jefe del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Christian Arnheiter, a quien el 13 de octubre de ese año, el Ministerio de Gobierno y Justicia le solicitó que abandonara el cargo por tener más de 75 años. Igualmente fueron jubilados con esa legislación, el inspector primero de los bomberos, Juan Rodríguez, de 77 años, y el músico de la banda, Aristides Flores, de 76 años.
Más de 50 docentes universitarios, entre los que se incluyó al catedrático Diógenes Arosemena, fueron jubilados "a la fuerza".
La legislación afectó a los propios perredistas. La legisladora Susana Richa de Torrijos fue una de las afectadas; como docente universitaria, tuvo que abandonar las aulas.
Torrijos presentó en el 2001 un proyecto de ley para derogar la Ley 61 de 1998 y en su exposición de motivos señaló que la propuesta "tiene por objeto enmendar una grave injusticia contra aquellos ciudadanos que hayan cumplido 75 años, que se encuentran en plena madurez intelectual".
Del mismo campo universitario salió por las mismas razones el célebre y ya fallecido constitucionalista César Quintero.
El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, el biólogo, Carlos Arellano Lennox, solo duró pocos días en el cargo que le confirió la ex mandataria Mireya Moscoso porque tenía más de 75 años.
En ninguno de los tres cargos formulados se obtuvo la mayoría de votos para lograr la condena del magistrado, quien resulta absuelto de los delitos contra la libertad individual, abuso de autoridad e infracciones de los deberes de los servidores públicos y usurpación de funciones públicas.
Finalmente, el 5 de septiembre de 2002, Faúndes, a los 86 años, renunció al cargo de magistrado del cual fue nombrado en 1990 por el mandatario Guillermo Endara y cobró en salarios caídos más de B/.400 mil, aprobados durante la administración de la arnulfista Mireya Moscoso.