2 de febrero de 2005.
Fue una carta enviada para esta fecha del arzobispo Metropolitano de Panamá, José Dimas Cedeño, la que albergó "dudas" acerca del manejo dado a los restos óseos recuperados entre 1999 y el 2000, en el sector de Motor Pool, en el antiguo cuartel militar de Los Pumas, en Tocumen.
Una posible "mezcla de huesos" confunde a la jerarquía de la Iglesia católica panameña, tras el levantamiento de osamentas de las fosas clandestinas.
Monseñor Cedeño, entonces pide "que se reexamine el proceso de TODOS los restos recuperados" y "se practiquen nuevas pruebas de ADN".
La procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez, acepta que como Estado existe una "deuda" en cuanto al descubrimiento de la verdad y hay una "necesidad insatisfecha" de saber dónde están los restos del sacerdote Héctor Gallego.
La Procuradora Gómez asegura que con los 100 restos encontrados había confusión, en la forma en que estaban manipulados. "Se necesitan determinar de quiénes son", subrayó.
Por eso, Gómez dispone en el 2005, mostrar al presidente de la República, Martín Torrijos, la petición del arzobispo Cedeño, y recibe un fondo de B/ 49 mil del Ejecutivo.
El dinero fue depositado en el Banco Nacional de Panamá y se ha destinado para la realización de pruebas de ADN mitocondrial. Con el dinero se podría identificar los 100 restos óseos exhumados en fosas clandestinas, desde 1999 hasta el 2002.
Para efectuar las experticias, se traspasaron dineros pertenecientes a un excedente de un fondo institucional incautado en el caso de la quiebra fraudulenta del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO), que asciende a B/ 46,600.00. Esta suma junto a los B/ 49 mil otorgados por el Ejecutivo, fue fusionada en una sola cuenta que tiene "alrededor de 94 mil dólares", confirmó la procuradora Gómez.
El seguimiento no ha sido fácil, en el tema de costos, reveló Gómez.
