Los actuales magistrados protegieron los intereses públicos que perjudicaban gravemente al Estado tras un arreglo ilegal, al ser condonados B/. 3 millones al grupo Homsany realizado por el ex contralor Alvin Weeden, afirmó el magistrado presidente de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP) de la Contraloría de la República, Oscar Vargas.
"Con el acto de revocatoria del arreglo hemos defendido el patrimonio de la nación panameña", sostuvo Vargas.
Las declaraciones surgen luego que el 13 de enero fue interpuesta una querella penal por abuso de autoridad.
Los denunciados son los magistrados Oscar Vargas, Lastenia Domingo y Lourdes Almanza, quienes revocaron la condonación, cuando existía una condena en firme por B/. 8 millones, de una lesión causada al Banco Nacional.
Señaló que aún no ha sido notificado de la querella interpuesta en la Procuraduría General.
En la querella se señala que la DRP provocó perjuicios a los empresarios Farida Abadi de Homsany, Ezra Homsany Abadi y Salomon Honsany Abadi.
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