Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) ganaron otro asalto en el polémico contrato directo con la empresa L-1 Identity Solutions, para el nuevo sistema de identificación ciudadana que fue objetado en dos ocasiones por la Contraloría.
Sin mayor inconveniente, la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó ayer de manera unánime un traslado de partida a favor del TE por un monto de B/.3.1 millones para hacer efectivo el contrato.
Este era el único detalle que hacía falta para que los representantes del organismo electoral solicitaran por insistencia el refrendo del contrato al jefe de las finanzas públicas, Carlos Vallarino.
Los magistrados del TE recurrieron a la Asamblea porque no pudieron hacer efectivo, el año pasado, el presupuesto que tenían consignado para este novedoso sistema debido al retraso del refrendo.
Celeridad. Durante la sesión, que duró poco menos de 45 minutos, ni los diputados de gobierno ni de oposición formularon interrogante alguna sobre el contrato.
En su lugar, centraron sus observaciones sobre algunas “debilidades” que presenta actualmente la cédula de identidad personal, como la poca durabilidad del documento.
Al margen de estas consideraciones, el magistrado vicepresidente del TE, Eduardo Valdés Escoffery, justificó el uso de una partida del subsidio a los partidos políticos para hacer efectivo el contrato, pues no será hasta el próximo año que se necesitará este dinero.
Valdés Escoffery informó que el traslado de la partida permitirá adquirir equipos, programas y entrenar a funcionarios del TE para el Proyecto de Inversiones - Sistema de Identificación Ciudadana.
