Guillermo Márquez Amado, ex magistrado del TE, quien también acumuló seis meses de vacaciones en su periodo, recomendó a los funcionarios aclarar el tema para evitar los rumores de una supuesta "ilegalidad".
Compartió la tesis del magistrado Valdés Escoffery de que se trata de un "ahorro", porque cuando los funcionarios públicos dejan de laborar en el gobierno no reciben ni prima de antigüedad ni liquidación. "Eso es algo injusto y debe ser corregido por los gobernantes", destacó.
Dijo que no hay nada de ilegal en este asunto porque ninguna normativa jurídica prohíbe al empleado a acumular vacaciones. Sin embargo, le parece "extraño" que los magistrados actuales hayan salido del país exclusivamente en misiones oficiales.
Márquez Amado indicó que tuvo que esperar hasta seis meses después de abandonar el cargo, para cobrar las vacaciones porque el presupuesto no contemplaba ese pago, y según dijo, "espero que en este caso suceda lo mismo".
A los magistrados Valdés Escoffery, Pinilla y Allen se les termina el período en noviembre próximo, y todo indica que el pago de las vacaciones que acumularon en sus años de servicio será una realidad.
La Contraloría General informó que el registro, uso y pago de las vacaciones es responsabilidad administrativa de la entidad pública en donde el funcionario prestó sus servicios.
Aunado a ello, el departamento de planillas del TE solicitó información a la Contraloría para dilucidar el caso y cancelar los más de B/.400 mil que se les adeuda a los magistrados.
Esta situación también causó "malestar" entre algunos funcionarios públicos que fueron despedidos y no les cancelaron sus vacaciones acumuladas.
Ese es el caso de René De Graci, quien laboró en el Ministerio de Salud por más de cinco años. Fue destituido hace más de un año por estar inscrito en un partido distinto al que gobierna y aún espera "ansiosamente" el pago de las vacaciones. Precisamente, estas son las injusticias que Márquez Amado considera que no deben suceder en el gobierno, porque da la impresión que los altos funcionarios tienen preferencia.
El ex magistrado es de la opinión que el tema de las vacaciones de los servidores públicos debe ser regulado para evitar situaciones "embarazosas" en un futuro.
El salario de los magistrados es de B/.10 mil mensuales, de los cuales B/.4 mil corresponden a gastos de representación.
Además, tienen derecho a combustible, pasaporte diplomático, autos exonerados de impuestos de importación, conductores y seguridad.
El abogado Adolfo Linares señaló que Recursos Humanos del TE debe certificar las veces, y fechas, en que cada magistrado estuvo ausente y las razones que motivaron dicha ausencia.
Cuestionó el hecho que los magistrados no llamaron a sus suplentes a tomar posesión de los cargos durante sus ausencias.
Migración también debe certificar las fechas de salidas y entradas del país, puntualizó.
