Luego de los señalamientos hechos contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Adán Arnulfo Arjona de parte de sus colegas, el afectado arremetió contra éstos.
Arjona fue acusado por sus compañeros de nombrar a cuatro funcionarias de manera irregular, gestionar proyectos de leyes desconocidos mientras fue presidente de la Corte, dirigir una "administración paralela" a la del resto de los magistrados y poner en entredicho la independencia judicial.
No conforme con el listado de faltas presentada por los otros magistrados, Arjona respondió elaborando su propia lista contra Aníbal Salas y Winston Spadafora.
A éstos los señaló por liberar a la narcotraficante Lorena Henao Montoya, en abril de 2004; liberar bienes a "narcos" y poner en la calle a un cómplice de Fernando Requena Duval.
La "lista respuesta" elaborada por Arjona incluye la anulación de la investigación Otterloo y impedir la investigación sobre la Fundación Mar del Sur.
De inmediato, Abad ripostó que Chéry sólo recorrió las orrillas de la carretera y que no vio que en los pueblos del interior las personas tienden a vivir cerca de los cultivos, por lo que varios productores se verían beneficiados.
Otro jurista se paró y preguntó al exprocurador Cruz su opinión sobre la solicitud de impedimento que hizo el magistrado Wilfredo Sáenz argumentando que no podía actuar en este caso con transparencia porque el demandante era su superior jerárquico (Spadafora).
Cruz apuntó que el hecho de que un magistrado trate de declararse impedido en un proceso por temor a un superior, no es impedimento para que un juicio sea imparcial, ya que en la Corte existen otros ocho magistrados que forman parte del veredicto.
Un periodista levantó la mano y preguntó al auditorio si estaba de acuerdo en que los funcionarios de alto rango acepten críticas rigurosas sobre su actuación o que por el contrario reaccionen interponiendo denuncias y tratando de meter preso a los comunicadores sociales.
Ante esta pregunta, el representante de la Defensoría, Guido Rodríguez, expresó que la Comisión Interamericana de Derechos Humananos establece en su Artículo 13 el derecho que tienen todos los ciudadanos de expresar libremente su opinión a través de cualquier medio.
Rodríguez aseveró que la Comisión ha recomendando ciertos estándares para preservar el derecho a la honra de los funcionarios, sin menoscavar la libertad de expresión. Y aclaró que los funcionarios que se sientan agraviados, sólo podrán actuar en el derecho civil.
"Un servidor público debe estar sometido a un mayor escrutinio y rendir cuentas de sus actos. Y qué ocurre en la práctica, se utilizan las instituciones del derecho penal para evitar la divulgación de información y callar a los periodistas", agregó.
El Magistrado Winston Spadafora logró que el Juzgado Décimosegundo Civil secuestrara el salario y bienes de Chéry hasta por B/.18.653. No obstante, la acción fue levantada mediante una fianza interpuesta por EPASA.
Gremios de periodistas y otras organizaciones han expresado su rechazo a la medida en contra de los profesionales de la pluma y EPASA.
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