El Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que está llamado a construir una nueva cultura de transparencia en la administración pública, salió mal evaluada en un estudio realizado por Alianza Ciudadana Pro Justicia por ser una de las entidades "poco transparentes" del país.
El informe precisa que hay "deficiencias" en el cumplimiento de los mecanismos de acceso a la información en la página web del organismo en mención, que cuenta con una Secretaría Ejecutiva adscrita al Ministerio de la Presidencia, responsable del trabajo operativo y administrativo.
Solo seis de 30 instituciones públicas cumplen "satisfactoriamente" con lo establecido en la Ley de Transparencia, de acuerdo con el informe que se realizó entre el 31 de agosto y el 16 de septiembre de 2007.
El Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción ocupó el penúltimo lugar, lo que la convierte en una de las instituciones peor evaluadas, solo superada por el Ministerio de Gobierno y Justicia.
El Tribunal Electoral, el Ministerio de Comercio e Industrias, la Defensoría del Pueblo y la Autoridad del Canal de Panamá son las entidades consideradas como las "más transparentes", según el informe.
Para este estudio se tomaron las entidades con mayor relevancia, mayor nivel de autonomía presupuestaria y mayor interés social y se revisó si cumplen con lo establecido en el Artículo 9 de la Ley de Transparencia.
Ese artículo exige la publicación del reglamento interno actualizado de la institución y las políticas generales que formen parte de su plan estratégico.
El estudio sale a la luz pública en momentos en que la secretaria del Consejo, Alma Montenegro de Fletcher, convocó para hoy el seminario "Diseño de Indicadores de Transparencia e Integridad para el control de la gestión y lucha anticorrupción en las entidades públicas".
Henao Montoya fue el único que ingresó a Panamá ilegalmente, junto a 23 familiares. "El Mocho" fue capturado por la Policía panameña y la DEA el 9 de enero de 2004 en una finca en Chepo. Fue extraditado para responder por el tráfico de 550 toneladas métricas de cocaína valoradas en B/.10 mil millones.
Urrego revivió hace 15 días el viejo debate de cómo una persona con antecedentes criminales pudo obtener cédula panameña, comprar una isla estratégicamente ubicada y levantar un reino financiero sin mayores problemas.
La Fiscalía Nacional Antinarcóticos e Interdicción Marítima de Colombia emitió una orden de detención preventiva contra Castrillón (mientras éste vivía en Panamá) por tráfico de estupefacientes, concierto para traficar drogas y falsedad de documento público.
Castrillón tuvo mucha actividad en Panamá. Las acusaciones planteaban que el 6 de enero de 1992, autoridades internacionales le capturaron cinco toneladas de cocaína en el buque Harbour frente a Cuba; en julio de 1995, le confiscaron 12 toneladas en el Nataly I en las Islas Galápagos, y en octubre, tres toneladas en el Michelangelo.
Castrillón fue capturado en Panamá el 17 de abril de 1996 en la "Operación Arpón", luego de vivir sin mayores preocupaciones en el país. El 31 de mayo de 1998 fue extraditado a EE.UU.
Ningún funcionario ha sido investigado por otorgarles documentos panameños, pese a sus antecedentes penales en Colombia.
