El rector de la Universidad de Panamá, Gustavo García de Paredes, pedirá a las autoridades de las diversas facultades que se apliquen estrictos mecanismos de supervisión de ausencias y tardanzas a los profesores, como parte del plan para mejorar el sistema universitario y utilizar bien los recursos.
Aseguró que la organización docente prevé el número de horas y los cursos que los profesores tienen que dictar, por lo que si no se sigue estrictamente, los estudiantes que no reciban la enseñanza, podrían quedar sin calificación al final del semestre.
Indicó que normalmente los directores de departamentos están pendientes de la supervisión de las ausencias y las tardanzas, pero ahora se les va a dar esta responsabilidad a los vice decanos, quienes deberán entregar su informe sobre la asistencia de los profesores.
Recientemente, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá aprobó incrementar de 12 a 15 las horas de clases de los profesores de tiempo completo, por lo que los dirigentes de la Asociación de Profesores interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de nulidad en contra de esta medida.
Al cuestionársele si este tipo de medidas creará una crisis en la universidad, en especial por las molestias de los profesores, García de Paredes indicó que esa situación ya existe y está fundamentada en la insuficiencia presupuestaria, por lo que si no se hacen los ajustes necesarios la universidad va a estar en problemas.
No obstante, no se debe dejar de lado el tema del incremento en el riesgo país, ya que el costo de obtener dinero no será mayor solo para el Estado, sino también para los bancos y las empresas.
Esta situación se daría ya que el costo de las tasas de intereses se calculan sobre la base de los puntos de riesgo del país y entre más altos se encuentren, más altas son las tasas de intereses.
En tanto, la economista de Arden and Price, Luisa Turolla, añadió durante el seminario tributario de KPMG, que el país ya vive una situación embarazosa en sus finanzas públicas, porque la CSS no solo arrastra un déficit actuarial, si no un déficit operativo que alcanzó los 60 millones de dólares el pasado año.