El Secretario General del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS), Genaro López, advirtió ayer que si la ola de aumentos a los artículos de primera necesidad continúa, podría darse una paralización del país hasta que se decrete un congelamiento de los precios y el gobierno reasuma el manejo de las instituciones generadoras de electricidad y telecomunicaciones.
Señaló que la marcha del próximo jueves 2 de diciembre será sólo el inicio de una gran movilización nacional.
Precisó que se está llevando al pueblo a ciertos extremos en donde podrían presentarse situaciones violentas que no benefician el desarrollo y pueden desembocar en un enfrentamiento permanente entre las organizaciones sindicales y las autoridades gubernamentales.
López aseguró que el panameño promedio no podrá soportar los aumentos decretados en los servicios de luz, teléfonos, transporte y de algunos productos de la canasta básica familiar y que ello puede llevar a una situación de crisis en un futuro cercano.
El dirigente sindical explicó que el salario mínimo de una obrero en la actualidad es de B/.218, que el costo de la canasta básica asciende actualmente a unos B/. 226 y que con los aumentos decretados la situación se tornaría aún más difícil.
También aseguró que si el gobierno con el Ente Regulador y las empresas involucradas suspenden los aumentos, se daría un respiro a la ciudadanía, pero si ello no sucede el SUNTRACS junto a otras organizaciones ejercerán su derecho de protesta.
Consideró que el gobierno debe realizar una revisión de los contratos por los cuales se entregó a empresas transnacionales la operación del IRHE y el INTEL, ambas estratégicas para la seguridad nacional.
Alegó que uno de los argumentos esgrimidos para privatizar estas instituciones era su alta rentabilidad, pero ahora las empresas propietarias anuncian aumentos para mantener sus niveles de rentabilidad.
Sobre las protestas de los últimos días, el primer vicepresidente Arturo Vallarino afirmó que constituyen un abuso contra el derecho de terceras personas, pero que de continuar afectando el libre tránsito, el gobierno tendrá que ser enérgico.
"Creo que hay que tratar de evitar hasta donde sea posible, que se estén afectando los derechos de terceros", declaró Vallarino.
Sostuvo que la comunidad también se afecta por el abuso de esta facilidad que ha sido dada con el objeto de no reprimir a ningún panameño que quiera exteriorizar su disconformidad ante cualquier medida, tanto en el sector oficial, como en el privado.
"Esta no es una práctica que se va a mantener, creo que si vamos a tener que ordenar un poco las protestas", advirtió Vallarino.
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