Ante la presión de la sociedad civil para que la Asamblea Nacional juzgue al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Abel Almengor por ser parte de un supuesto "complot" para separar a la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez de su cargo, éste prefirió presentar su cargo a disposición del presidente Ricardo Martinelli, luego de casi un mes de haberse descubierto este escándalo.
En un escueto comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado, se informó ayer en horas de la mañana que la decisión de Almengor que tiene un año y tres meses en el cargo de magistrado obedecía a "motivos personales".
"He pasado 15 años defendiendo la justicia y luchado contra la delincuencia organizada en mi país, y por el nombre de mi familia y en aras de la conciliación de la democracia en el país, queda mi puesto a su disposición", resaltó la nota.
Una fuente informó que la decisión de Almengor se conocía desde la semana pasada, pero que se esperaba el pronunciamiento de la Asamblea sobre las denuncias interpuestas contra el magistrado y las reacciones que se generarían entre la sociedad civil.
Decisión tardía.
Para los representantes de las organizaciones civiles, la decisión de Almengor es "tardía y no adecuada" porque esperaban su "renuncia irrevocable" y que además se deja abierta la posibilidad de que permanezca en su puesto, si el mandatario no acepta su dimisión.
Al magistrado lo acusa principalmente la ex jueza Zulay Rodríguez de formar parte de un grupo denominado "Perseguidos por Ana Matilde, PAMAGO", en el que supuestamente participaron funcionarios de la Presidencia, miembros del Ministerio Público y abogados entre ellos Ítalo Antinori, quien fuera nombrado por Martinelli para encargarse de las reformas constitucionales, pero que renunció por el escándalo.
Ahora la interrogante que tiene la sociedad civil es si su posible reemplazo será uno de los abogados que recomendaron para la investidura en el 2009 u otra persona allegada al Ejecutivo.
El vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Carlos Gasnell dijo que es necesario que la persona que ocupe el puesto de "importancia para el fortalecimiento de la democracia”, pase por el escrutinio de todas las organizaciones civiles y sea de “solvencia moral e independencia".
En este punto coincidió el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Rubén Rodríguez, quien insistió en que urge reformar el método de escogencia de los magistrados.
El ex presidente Martín Torrijos dijo que “no habíamos visto una situación como la que estamos viendo hoy, y no es sano para el país y la democracia”.
