“No tengo vela en este entierro”, aseguró el presidente de la República, Ricardo Martinelli, durante una entrevista en Radio Panamá.
El mandatario reiteró que ni él ni nadie del gobierno panameño recibió ni un centavo de ningún empresario italiano, y que el contrato de las cárceles móviles nunca se realizó.
Y así lo reafirmó la alcaldesa Roxana Méndez, quien en ese momento era la ministra de Gobierno.
El presidente dijo que Lavitola tenía una metodología para resolver el hacinamiento en cárceles del Estado y que, a pesar de los ajustes económicos que realizaron las autoridades italianas, después de varios análisis se concluyó que Panamá no tenía la capacidad financiera para asumir este costo.
“Me agarraron de tonto”, admitió Martinelli, pues ahora sospecha que lo querían engañar. “Lamento el día en que conocí a estas personas”, agregó.
El gobernante explicó que conoció al empresario italiano Valter Lavitola a través del entonces exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi, quien lo delegó para su visita a Panamá, y aseguró que no podía rechazarlo. Aceptó que le concedió un vehículo de la Presidencia a Lavitola para trasladarlo a diferentes lugares, ya que estaba representando a Italia en Panamá.
Según Martinelli, Lavitola fue quien consiguió millonarias donaciones para Panamá, como las lanchas patrulleras, paneles solares y otro equipo eléctrico, pero aclaró que si tiene que devolver todo lo hará.
Aunque señaló que en las investigaciones italianas no se le acusa, solo lo mencionan, Martinelli aseguró que no tiene nada que hacer a Italia si la justicia requiere su presencia.
Visita de Mulino a Italia.
El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, exigirá a las autoridades italianas que aclaren que los funcionarios panameños no fueron sobornados para que asumieran un contrato para la adquisición de cárceles modulares.
Se espera que hoy Mulino se reúna con el director para los países de América Latina de la Cancillería italiana, Luigi Macotta, para expresarle cuál es la posición de Panamá ante este escándalo de corrupción que se investiga en Italia.
Mientras tanto, las fiscales Lizzett Chevalier y Nayra Fernández regresaron el domingo de Italia, en donde entregaron una solicitud de asistencia judicial al Ministerio de Justicia de ese país sobre el caso.
Luego de que se notificó al procurador José Ayú Prado sobre lo realizado en Italia, se decidió entregar otras asistencias judiciales internacionales a las autoridades argentinas, brasileñas, chilenas y uruguayas.
Para esto se delegó al secretario general, Ramsés Barrera.
Se pidió información a autoridades locales.
