El proyecto del Sistema de Administración de Justicia Disciplinaria falleció en su propia cuna, luego que el presidente Ricardo Martinelli anunciara en su cuenta de “twitter” que retiraba la resolución que lo impulsaba.
A pesar de que el Consejo de Gabinete autorizó, hace cuatro días, al ministro de Seguridad José Raúl Mulino para que presentara este proyecto ante la Asamblea, ayer recibió la amarga noticia de que no prosperará.
El director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, informó que el proyecto no fue consensuado, y fue rechazado a solicitud de los estamentos de seguridad.
“Policía juzga a policía, como debe ser”, enfatizó Pérez a los medios de comunicación.
El director de la Policía Nacional explicó que esta institución tiene su propia doctrina, y que ellos tienen su dirección para procesar a los policías.
Mulino responde.
Esta situación no fue bien acogida por Mulino, quien fue el que el impulsó el proyecto que se confeccionó por casi dos años.
En una nota que envió Mulino al titular de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, manifestó que el informe que entregó Pérez al presidente de la República donde rechaza el proyecto, se basa en “argumentos ajenos por completo al espíritu y letra del proyecto”.
Mulino explicó que en la elaboración de este proyecto participaron las entidades de seguridad, incluyendo la Policía Nacional, junto con asesoría de la Embajada de Estados Unidos.
Incluso, funcionarios de los estamentos de seguridad viajaron a Estados Unidos para ser capacitados por la Guardia Nacional y la Patrulla de Caminos de Missouri.
Calificó como un absurdo la postura de Pérez, destacando en su nota que le sorprendía que este rechazo surgiera de la Policía cuando la directora de Responsabilidad Profesional, Kauri Amador, tuvo participación en su discusión.
Agregó que este proyecto no afecta la potestad sancionadora del presidente, en conjunto con el ministro de Seguridad Pública, como manda la Constitución, ni tampoco la de cada uno de sus directores , ya que los organismos de investigación se mantienen en cada entidad.
En la misiva, el ministro destacó que la labor de la Junta Disciplinaria en el Ministerio es buscar la profesionalización de la instancia de reconsideración y apelación en los procesos.
¿En qué consistía el proyecto? Este sistema buscaba que las unidades de los estamentos de seguridad no fueran juzgados por sus propios compañeros de trabajo, y se decidió que la mejor manera era con la creación de una Junta Disciplinaria adjunta al Ministerio de Seguridad, totalmente independiente.
Además, que las personas que juzgarían a las unidades que incurran en faltas administrativas serían abogados con basta experiencia y totalmente independientes de estas instituciones, es decir, que no podían ser exfuncionarios de ninguna de estas entidades de seguridad como la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval.
Esta junta disciplinaria, que asemejaría un tribunal, contaría con 15 personas, entre jueces y suplentes.
El director de Asesoría Legal del Ministerio de Seguridad, Álvaro Varela, explicó en su momento que las direcciones de responsabilidad policial (DRP) se mantendrían, pues serían los entes investigadores.
Sin embargo, las juntas disciplinarias desaparecerían para entonces crear una sola, adscrita al Ministerio de Seguridad.
Para el subcomisionado destituido Mauricio Nelson, esta situación evidencia lo que se rumoraba, y es que Pérez no mantiene una coordinación con su superior inmediato, que es el ministro de Seguridad José Raúl Mulino, y “esto es una falta de respeto”.
Nelson añadió que esto es un mensaje negativo a la delincuencia organizada, porque se dan cuenta de que no hay una coordinación entre el director de la Policía y su superior.
A su juicio, Pérez se saltó la cadena de mando al dirigirse directamente al presidente de la República y pasar por encima de su jefe inmediato.
