Esta Ley define quénes podrán ostentar concesiones mineras, ejercerlas, o manipularlas en Panamá, así como se fijan sanciones monetarias para quienes lleven operaciones sin contar con la autorización correspondiente, destaca un comunicado de la presidencia de la República.
La Ley 13 del 3 de abril de 2012 prohibe a los servidores públicos que, directa o indirectamente, tengan el deber de intervenir, por razón de sus funciones en la adjudicación, operación o explotación de las concesiones mineras
Además, sancionará a quienes adqueiran y/o transporten minerales metálicos y no metálicos provenientes de extracciones ilegales, mediante multas que oscilan entre los mil dólares y los 10 mil, junto a los decomisos de los materiales extraídos.
Los alcances para los efectos del pago de los cánones y regalías otorgado por los concesionarios, se extenderá hasta el 18 de marzo del año pasado, detalla el comunicado. Más información en nuestra edición impresa de mañana.
