Martinelli sostuvo que está totalmente de acuerdo con lo que se pautó en el pacto, aunque aclaró que para él no había necesidad de firmarlo, porque "nosotros creemos firmemente en la democracia" ya que las propuestas deben estar basadas en programas y en ataques personales.
Acompañado de un grupo de simpatizantes, Martinelli expresó que la campaña no debe ser utilizada para herir o atacar a los candidatos, a sus familiares, a personas allegadas a los candidatos o sus negocios.
El dirigente de Cambio Democrático expresó su esperanza que no se presenten situaciones donde los comité de apoyo a los candidatos violen el pacto y los dirigentes no aduzcan posteriormente que no tienen control sobre lo que hacen estos grupos de apoyo.
Lamentó no poder asistir al evento de la firma y al mismo tiempo manifestó su esperanza que el Pacto Etico Electoral no sea letra muerta. Por su parte, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery restó importancia que algunos no crean en los pactos éticos y recordó que el mismo ha dado resultado en las elecciones anteriores.
A juicio de Valdés Escoffery, la experiencia ha demostrado que los pactos han sido "muy temidos" por todos los políticos, al grado que los que han sido llamado a capítulo han tomado las medidas para corregir cualquier fallo.
El pacto ha sido efectivo y por esa razón los políticos tienen interés que se firmen estos acuerdos y es como el caso de los delegados electorales, instancia que en principio nadie, creía, pero que ahora goza del reconocimiento de la clase política.
Desde 1997, cuando se estableció el proyecto CBMAP, se escogieron las áreas prioritarias donde se pueden realizar inversiones y acciones de desarrollo sostenible. Las áreas seleccionadas se definieron en función de la variedad biológica y cultural existente en esta región.
Se estima que la población rural que habita en el CBMAP es de aproximadamente 353,000 personas, la mitad de las cuales corresponden a comunidades indígenas y la otra mitad a grupos afrocaribeños y latinos.
Cada subproyecto que se ejecuta en las comunidades indígenas de los naso-teribe, ngöbe-buglé y kuna contribuye a que sus miembros tengan una alimentación apropiada, vivienda, educación y un medio para la comercialización de sus productos.
Para Valdespino, no es secreto que en Panamá existe una explotación en las zonas boscosas por parte de personas que vienen de otras regiones a dedicarse a la ganadería extensiva y la agricultura, actividades que van deteriorando los ecosistemas.
Pero se buscan alternativas y una de ellas es ayudar a las comunidades a organizarse y planificar su desarrollo, para que sean éstas las que escojan los subproyectos que les conviene en función del lugar donde se encuentran y las necesidades que puede tener el área.
La ANAM está en negociaciones con el Banco Mundial y el GEF para que se otorgue un segundo financiamiento al proyecto CBMAP, luego que culmine la primera fase el 30 de junio del 2004, indicó Valdespino.
El gerente del proyecto señaló que de aprobarse la segunda fase, tendrían un periodo de cinco años para consolidar algunas acciones como la comercialización de los productos de las áreas donde se lleva a cabo la iniciativa.
