El secretario general de la Procuraduría de la Nación, José María Castillo, dijo ayer que en el país es necesario construir más cárceles y que las medidas cautelares que se dan favorecen la impunidad de los delincuentes.
Castillo afirmó que es necesario construir una cárcel preventiva para recluir en ella a personas sospechosas de haber cometido algún tipo de delito, pero que se encuentran en una fase de acreditar su responsabilidad delictiva.
Planteó que en la actualidad sólo seis delitos ameritan detención preventiva y que en la comisión de otras faltas graves los delincuentes se indagan y luego salen para su casa y en muchas ocasiones los procesos no tienen ninguna conclusión.
Dijo que en los casos de estafa, hurto simple, apropiación indebida y otra serie de delitos los delincuentes no son detenidos preventivamente y en otros se les da medidas cautelares que promueven la impunidad.
Sostuvo que la mayoría de los reclusos de los centros penitenciarios del país no califican para la aplicación de medidas cautelares, pero que la lentitud en el manejo de los procesos penales provoca el hacinamiento.
Aseguró que a quien se le ordena una detención preventiva está involucrado en un delito sumamente grave, que a la sociedad le interesa se le mantenga fuera de circulación hasta que se esclarezca su participación real en ese hecho.
A la vez consideró que el sistema de rehabilitación de los reclusos aplicado en los diversos centros penitenciarios es muy primitivo y no logra una reinserción de los condenados en la sociedad, lo que provoca un círculo vicioso.
Explicó que sólo el 15% de la población penitenciaria a nivel nacional se encuentra órdenes del Ministerio Público y que el 84% se haya bajo la tutela de otras instituciones encargadas de administrar justicia.
Según cifras estadísticas del Ministerio Público, durante el pasado año ingresaron al sistema penitenciario un total de 46,588 denuncias, cifra que sólo es superada por la que se registró en 1994 con 49,095 denuncias.
Añadió que la mayor parte de los detenidos a nivel nacional están vinculados a delitos relacionados con drogas, que en su mayoría no tienen medidas cautelares alternas a la detención preventiva.