Unos 250 delegados electorales participarán como garantes de los comicios internos que desarrollarán hoy los oficialistas Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) y el partido Arnulfista, señaló el presidente del organismos de voluntarios, Fausto Fernández.
Los delegados electorales, quienes ya cuenta con el reconocimiento y respaldo de la sociedad panameña por su apoyo en los procesos electorales que se han realizado en el país desde la década del 90, participarán esta vez haciendo presencia en torneos internos.
Fernández, quien ayer se reunió con los delegados electorales para coordinar algunas acciones para las elecciones internas de hoy, explicó que en esta oportunidad tanto los dirigentes de MOLIRENA como del Arnulfismo han solicitado la presencia de los voluntarios como garantía al desarrollo pacífico de la contienda.
Señaló que los delegados electorales que actuarán como observadores se mantendrán fijos en cada uno de los centros de votación en el ámbito nacional.
Jesús Rosas, actual presidente del MOLIRENA, busca ganar los convencionales que le permita mantenerse en la presidencia del colectivo, cargo al que también aspira el primer vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, quien ocupa en la actualidad la secretaría general.
Los partidos MOLIRENA y Arnulfismo, escogerán hoy los convencionales y las directivas de corregimientos, respectivamente, en lo que marca un incremento en la actividad política y que proseguirá durante los próximos dos meses con la elección de delegados del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El MOLIRENA eligirá hoy unos 700 delegados o convencionales, mientras el partido arnulfista escogerá la directiva en todos los corregimientos del país.
En cuanto a los derechos de los periodistas, el artículo 12 indica que como toda profesión legalmente ejercida en la República de Panamá, el periodismo está amparado por las normas vigentes en materia laboral, incluidas todas las instancias.
Otro artículo novedoso es el establecimiento de la cláusula de conciencia que indica que el periodista tiene derecho y la obligación moral de actuar de acuerdo a su conciencia. En consecuencia, las empresas periodísticas y contratantes no podrán aplicar sanción por el cumplimiento de este deber señalado por la moral profesional.
Se agrega que el periodista podrá exigir el retiro de su nombre como autor de un texto informativo que haya preparado, cuando considere que éste una vez editado por el respectivo medio, entra en conflicto con los criterios profesionales y/o conciencia aplicados al momento de producirlo.
Otro artículo que resultará polémico es lo referente a la dirección de las empresas periodísticas. El anteproyecto destaca que los cargos de los que se derive responsabilidad legal por lo difundido a través de los medios serán ejercidos por profesionales de nacionalidad panameña no protegidos por fuero o inmunidad.
Otro de los contenidos del nuevo anteproyecto de ley es el referido al Consejo Superior del Periodismo (que reemplaza a la Junta Técnica de Periodismo) que deberá estar integrado por representantes de las organizaciones gremiales de periodistas existentes en el país reconocidos mediante personería jurídica. Sus funciones se dirigen a velar por el cumplimiento de la ley, expedir el carnet de identificación a los profesionales del periodismo, acreditar a los corresponsales y periodistas de prensa extranjera, instruir de oficio mediante denuncias los casos de violación a la ética periodística y establecer las sanciones de índole moral que deban recaer sobre los responsables.
Por su parte el profesor Garrit Geneteau --secretario general del Sindicato de Periodistas, una de las organizaciones de mayor trayectoria en el medio-- destacó su optimismo en cuanto a los beneficios de la nueva ley ya que representa un avance significativo.
Destacó el dirigente sindical que es la primera vez que una ley de periodismo ha sido consensuada por los propietarios de los medios de comunicación y los propios periodistas.
Advierte Geneteau que se descubrió que habían ciertas afinidades con los dueños de los medios, independientemente de las malas experiencias tenidas con ellos.
Explicó que se ha logrado un alto nivel de consenso con los gremios, a excepción del Colegio Nacional de Periodistas y dijo que ahora se está solicitando a la Asamblea Legislativa que se lleve a segundo debate con urgencia notoria. Posiblemente ocurra la próxima semana, antes de finalizar el período de sesiones de la Asamblea.
De aprobarse la nueva ley, derogará la Ley 67 de 1978 que regula el ejercicio del periodismo en Panamá.
Explicó el dirigente que el Estado por su parte ha creado una Comisión especial conformada por el Ministerio de Gobierno y Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Presidencia, en la que se analiza toda la normativa jurídica relacionada con las leyes mordaza que históricamente han constituido un freno en lo que respecta a la libertad de expresión en Panamá.
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