Un total de 554 denuncias por la comisión de supuestos delitos electorales entraron, entre 2010 y 2012, a la Fiscalía General Electoral (FGE) y las demás fiscalías electorales de Panamá, Chiriquí y Veraguas, según el último informe de gestión emitido por esa organización electoral.
Durante este periodo, la fiscalía también remitió al Tribunal Electoral mil 75 expedientes que incluyen acumulados durante las pasadas administraciones.
Entre las investigaciones que actualmente maneja la FGE hay casos de alto perfil que involucran a ministros y directores de entidades gubernamentales con mando y jurisdicción en más de dos provincias o a nivel nacional.
Tales son los casos de la ministra de Trabajo, Alma Cortés, su similar de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Giselle Burillo, así como el exdirector del Programa de Ayuda Nacional Giacomo Tamburrelli y la directora del Programa de Desarrollo Comunitario, Anayansi Guerra; el exministro de Economía y Finanzas Alberto Vallarino, el exdirector del Registro Público Luis Barría, el secretario del vicepresidente de la República, Rafael Flores, y el diputado panameñista Adolfo Valderrama.
El proceso contra Cortés es por emitir declaraciones políticas durante horas laborables. Mientras, a Burillo se le investiga por supuestamente utilizar fondos públicos para la confección de suéteres y gorras para promocionarse políticamente.
Vallarino, Guerra y Tamburrelli están juntos en el expediente abierto tras la denuncia hecha por la directiva del Partido Revolucionario Democrático (PRD) sobre el supuesto favoritismo en proyectos y partidas para políticos del Gobierno.
Entre tanto, Flores y el diputado Valderrama son investigados por el desvío de fondos de al menos tres notarías del país para financiar actividades políticas del Partido Panameñista.
Otro de los casos no resuelto es el del exdirector del Registro Público Luis Barría, mencionado en la red que cobraba cuotas a funcionarios de esta institución para también financiar actividades políticas en el sector de Las Cumbres.
La Fiscalía Electoral también abrió en este periodo el expediente del caso “Jumboman” por el uso de los colores del partido Cambio Democrático en una propaganda gubernamental.
Adicional a los casos de alto perfil, se suman las investigaciones de las elecciones en el corregimiento El Bebedero, que sigue la fiscal electoral de Veraguas, Lidia Cornejo, y el caso de Gabriel De Janón, el que sigue el fiscal segundo del Primer Distrito Judicial, Diego Velásquez, por el supuesto ofrecimiento de dinero para que el representante de El Pajonal, Aurelio Alonso, se pasara a las filas del partido Molirena.
Pese a que el fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, sostiene que las investigaciones siguen su curso y que varios expedientes se han enviado al Tribunal Electoral y otro gran número pasó a la Corte Suprema de Justicia, las críticas hacia la fiscalía no se han hecho esperar.
Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, advirtió que en la FGE se está actuando con timidez.
Según Márquez Amado, pareciera que en la fiscalía estuvieran de vacaciones, porque “no hay un solo caso del cual podamos decir que hemos sentido que se está actuando”.
Quien se mostró adverso a los señalamientos del exmagistrado fue el abogado Luis Cortés, integrante del partido Cambio Democrático, quien sostuvo que el fiscal Eduardo Peñaloza se ha caracterizado por ser un funcionario más jurídico que mediático, a diferencia de los que existieron en las pasadas administraciones.
A juicio de Cortés, la característica del fiscal es que se esmera más en que sus casos sean llevados de tal manera que las investigaciones no se caigan por cometer fallas al debido proceso.
Ante los señalamientos en contra de su administración, Peñaloza se limitó a decir que él actúa con apego a la ley y lleva cada uno de sus casos siguiendo los procesos debido, para que dichas investigaciones no se caigan.
Advirtió que en la fiscalía se investigan las denuncias que lleguen, siempre y cuando estas puedan ser efectuadas por su persona o los demás fiscales.
Recordó que los casos donde aparecen involucrados diputados, estos deben ser pasados al Tribunal Electoral, para que los magistrados los envíen a su vez a la Corte Suprema de Justicia.
Desacuerdo entre fiscal y exmagistrado
Con el 7 de agosto como fecha para la audiencia en el caso de nulidad de las elecciones de El Bebedero, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado criticó la postura de la fiscalía en este caso.
Márquez Amado sostuvo que en ese caso bien puede existir causal de nulidad, contrario a lo manifestado por el fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza.
Por su parte, el fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, aseguró que durante la audiencia mantendrá su opinión en cuanto a que no hay causal para anular los comicios de El Bebedero.
Denuncias políticas más sonadas en los medios
Elecciones de El Bebedero: pese a desarrollarse en la provincia de Los Santos y ser investigado por la Fiscalía de Veraguas, acaparó la atención de casi todos los medios.
Registro Público: Se denunció una supuesta red que cobraba cuotas a los trabajadores del Registro Público a favor de una asociación vinculada al exdirector Luis Barría.
Notarías: Flores y el diputado Valderrama son investigados por el desvío de fondos de al menos tres notarías del país para financiar actividades políticas del Partido Panameñista.
