Las sanciones a los agentes económicos, por incumplir las normas de protección al consumidor, se incrementaron en el periodo comprendido del 3 de agosto al 30 de noviembre de 2006, según un informe de la dirección de Protección al Consumidor.
Durante este período, la autoridad emitió sanciones por más de B/.500 mil, por faltas detectadas mediante verificación de mercados, incumplimiento a la ley de historial de crédito y faltas a la normas de jubilados.
La institución también notificó y cobró más de B/.300 mil, correspondiente a sanciones impuestas por la antigua Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.
En algunos casos, las unidades de la Policía Técnica Judicial y la policía encargada de la vigilancia de estos bienes, deben permanecer varios días fuera de sus casas y vivir en malas condiciones.
Tal es el caso de fincas que se encuentran en el área de Chepo y de La Chorrera, en algunas de las cuales no hay luz eléctrica.
Una situación similar se registra con los bienes decomisados a Pablo Rayo Montaño, en donde el Ministerio Público se ha quedado sin recursos para darle seguridad y evitar que sean vandalizados. Se analiza que los bienes sean rematados y su producto depositado en la cuenta del Estado.
El Ministerio Público pretende presentar un proyecto de ley de extinción de dominio.
Esta iniciativa permitiría incautar cualquier bien o propiedad proveniente del negocio del lavado de dinero.
Aquí el Estado podría rematar el bien y depositar los fondos en la cuenta del Tesoro Nacional.
Una vez terminado el proceso, y si hay decisión absolutoria, se devolvería el dinero a su dueño.
