Al menos un millón 200 mil personas están siendo afectadas por la Asociación Panameña de Créditos (APC) al estar registradas en un banco de datos, en los que se les impide tener acceso a créditos y otro tipo de transacción comercial, "violentando garantías constitucionales", aseguró ayer el abogado Juan Carlos Pastor.
Pastor discute actualmente la elaboración de un anteproyecto de ley para regular a la APC con la Comisión de Libre Competencia para Asuntos del Consumidor (CLICAC), la Asamblea Legislativa, el Colegio Nacional de Abogados y la Defensoría del Pueblo.
Según el abogado, hay muchas consecuencias desconocidas e invisibles que le suceden al consumidor si se atrasa en el pago de un préstamo, sea por la razón que sea. "Te cercan económicamente con el crédito comercial y personal y te excluyen de ciertas actividades comerciales que brinda el sistema económico".
Aseveró que entre las consecuencias negativas para los usuarios está la limitación al crédito y otras afectaciones como la que atraviesa en estos momentos, la de no poder acceder a tener una chequera, a pesar de tener fondos en los bancos, bajo el concepto de ser un potencial defraudador.
"Eso violenta cualquier tipo de procedimiento o garantías que la Constitución prevé en lo que se llama el proceso penal y civil, ya que condena y aplican sanciones privadas. Ya no supone una lista de mala referencia, sino una forma de presionar a las personas, convirtiéndose en una forma de extorsión", recalcó.
Precisó que la APC es una fundación sin fines de lucro, sin embargo, le brinda un servicio a las empresas privadas afiliadas a ellas, sin pagar impuestos. "Ellos están cobrando, por lo cual considero deben ser investigados por el Ministerio de Economía y Finanzas".
Manifestó que muchos de los afectados tienen años de estar en la lista negra y no van a poder salir incluso si pagan lo que adeudan, ya que están registrados.
Según representantes de la ACP, ésta lo único que hace es llevar un registro de información acerca de las transacciones realizadas por una persona, efectuadas en los comercios asociados y no ponen ni quitan referencias, son de cada una de las empresas, de acuerdo al comportamiento de pago de sus clientes.
Enfatizó Pastor que durante los ocho años en los que ha estado en la "lista negra", jamás ha sabido quiénes son los que lo reportan, ya que según dijo, solamente tienen derecho a la información sus miembros.
El anteproyecto que se analiza actualmente se establece que antes de que un consumidor sea sancionado, tiene que haber sido condenado a través de un juicio justo, "ya que con la práctica actual de la APC se elimina la vía judicial sin importar si hubo demandas o no", puntualizó.
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