El nuevo sistema
- Ejecución
- El Sistema Penal Acusatorio comenzó en el segundo distrito judicial (Coclé y Veraguas) en septiembre de 2011.
- Azuero
- Un año después se comenzó a aplicar en las provincias de Herrera y Los Santos.
- Plazo
- El Ministerio Público, a partir de la formulación de la imputación, debe concluir la fase de la investigación en un periodo de seis meses.
- Excepción
- Cuando la tramitación sea compleja por causa de la pluralidad de hechos o del elevado número de imputados o de víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia organizada.
- Formas
- Las investigaciones podrán ser de oficial, por denuncias o querellas.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) no pierde el tiempo y desde ya se está preparando para que una vez se ejecute el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en los distritos judiciales donde hace falta, cuente con los recursos necesarios para que se implemente sin ningún problema.
El director del instituto, Humberto Mas, informó en entrevista a Sertv Canal 11, que para el año 2014 solicitarán un presupuesto de 64 millones de dólares, que representa el doble de lo que pidieron este año.
Al Imelcf se le asignó en 2013 un presupuesto de 18.5 millones de dólares para funcionamiento y 1.3 millones para la modernización de los servicios forenses.
“De nada sirve aplazar el SPA si no nos dan los recursos desde ya”, manifestó.
La Ley 8 de marzo de este año aplazó la implementación del SPA en el tercer distrito judicial, que comprende Chiriquí y Bocas del Toro, al 2 de septiembre de 2015, mientras que en el primer distrito judicial, que comprende Panamá, Colón, Guna Yala y Darién, se aplicará desde el 2 de septiembre de 2016.
En su exposición de motivos, el Órgano Ejecutivo, proponente de la norma, explicó que la medida obedeció a la extensión territorial, población e incidencia de delitos en estas provincias, lo que no concordaba con los recursos disponibles para hacer frente a estos elementos por parte de las instituciones involucradas en el sistema.
En el documento se menciona al Imelcf como una de las entidades “que requiere del recurso humano, equipo e infraestructura necesarios para atender en tiempo oportuno y conforme a los protocolos científicos la demanda que se genere en el nuevo sistema”.
Mas ha estado insistiendo en este tema desde hace varios meses y adelantó que en este mes se presentará la primera solicitud de crédito extraordinario, por 6.4 millones de dólares para nuevas posiciones.
“Necesitamos poder evitar la deserción de los peritos, ya que muchos se nos van al sector privado. Hay que dotarlos de mejores salarios, además de la compra de equipos modernos y el mantenimiento”, dijo.
Según el doctor, ellos jamás pidieron el aplazamiento del SPA, que debía entrar en vigor en septiembre de este año en Chiriquí y Bocas del Toro, y que a pesar de sus limitaciones, están trabajando en función del desarrollo del mismo en provincias centrales y Azuero, donde actualmente se ejecuta.
Futuro
Al respecto, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), César Ruiloba, destacó que hasta que los políticos comprendan que tienen que dotar a la administración de justicia con los recursos suficientes para que pueda funcionar, se seguirá repitiendo esta situación, mediante la cual una entidad tiene que prácticamente “rogar” para que se le asignen los recursos que necesita mediante partidas adicionales.
“Nuestros políticos no entienden que hay que dotar a la administración de justicia de los recursos necesarios para que pueda jugar un rol dentro de la democracia pública”, planteó.
Ruiloba agregó que ahora lo fundamental es sentarse a conversar sobre el futuro del SPA, ante la suspensión de su vigencia en los distritos judiciales más extensos.
“Al paralizarlo (la aplicación del SPA) y entender que tenemos dos tipos de justicia en el mismo territorio, genera contrasentido, confusión y desorientación con respecto al régimen de política criminal. Es contraproducente”, afirmó el presidente del CNA.
Ruiloba insistió en que si faltaban fondos, la solución no fue aplazar la entrada en vigencia del sistema y paralizar la legislación, sino dotarlo de recursos mediante créditos extraordinarios.
“Lo que pedimos fue abrir el diálogo para buscar los mecanismos de solución, ajustar el tema de la implementación del sistema que era viable y ubicar los fondos para el Imelcf”, detalló.
