La alta tasa de morosidad en el pago de multas por infracciones de tránsito, que actualmente supera los B/.30 millones, es ficticia.
Al menos, así lo refleja la auditoría interna que adelanta la Autoridad de Tránsito sobre el negociado de las boletas en la entidad.
El perjuicio al Estado supera los B/.120 mil por el momento, según las pesquisas que adelanta la Fiscalía Segunda Anticorrupción, que no descartó aplicar medidas cautelares a los cuatro funcionarios vinculados a este ilícito para resarcir el daño económico estatal.
Estos funcionarios eran considerados "de confianza", puesto que tenían acceso a la clave de la base de datos de las infracciones de tránsito.
Las investigaciones revelan que uno de los funcionarios es "muy allegado" a un ex subdirector de la entidad.
Este hecho obligó al actual director encargado de la Autoridad de Tránsito, Severino Mejía, a reducir la cantidad de personas con acceso a la base de datos de las boletas para tener "más control".
Este caso de corrupción cobró fuerza la semana pasada, cuando varias personas que tramitaban por primera vez su licencia de conducir, descubrieron la aparición "misteriosa" de boletas en su historial.
El jueves pasado funcionarios de la Fiscalía Segunda Anticorrupción realizaron una diligencia de verificación en la institución donde tuvieron acceso a la auditoría interna que determinó el "modus operandi" de los funcionarios.
En los próximos días se definirá la situación jurídica de éstos servidores públicos.
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