MEF no da respuesta a destituidos por Ley 25

Los trabajadores que fueron despedidos con la Ley 25 intentaron ayer, sin éxito, obtener una respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre sus reclamos para que les devuelvan los fondos que le fueron descontados en concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR), cuando el Estado les indemnizó en cumplimiento de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A pesar de no contar con el respaldo de la mayoría de los afectados por la Ley 25 de 1990 que firmaron la documentación solicitando la devolución de los impuestos, un grupo se presentó en las inmediaciones del MEF en la Avenida Perú, advirtiendo que ha agotado todas las diligencias posibles, pero el Gobierno "ha desatendido irresponsablemente esta obligación estatal".
Los dirigentes liderados por Manrique Mejía y Estebana Nash fueron atendidos en primera instancia por funcionarios de nivel medio del MEF que no estuvieron en capacidad de dar una respuesta a los ex trabajadores, que exigen una suma aproximada de B/.3.4 millones.
La preocupación de las víctimas de la Ley 25 es que no conocen si el contenido de la resolución es a favor o contraria a la devolución de los impuestos.
La dirigencia de la organización hace un llamado a todos los trabajadores a mostrar mayor respaldo a las luchas que se realizan para lograr que se les retorne el dinero que fue retenido de forma ilegal a través del pago del impuesto sobre la renta.
Mejía explicó que hay normas jurídicas que establecen que los dineros que son pagados en concepto de indemnización no están sujetos al pago del ISR.
Además, denunciaron que el Gobierno desatendió el punto 7 que dispone la indemnización o el reintegro de las víctimas, según las opciones indicadas por la honorable Corte.
El dirigente hizo un llamado a los más de 250 afectados por la Ley 25 de 1990, en especial a quienes firmaron la documentación exigiendo la devolución de los impuestos, para que apoyen las acciones que continuarán a partir del próximo lunes a las 9:00 de la mañana en la sede del MEF en la Avenida Perú.
En el año 2001, la CIDH con sede en San José, Costa Rica, emitió un fallo condenando a Panamá por violar el derecho de los trabajadores públicos de varias entidades que fueron despedidos de sus cargos por el entonces presidente Guillermo Endara Galimany.
A pesar de cumplirse con el pago de algunas partes, los trabajadores estiman que el Estado ha incumplido con el mandato de la CIDH, entre ellos, violó las leyes al descontar el ISR cuando se pagaron las indemnizaciones.
A juicio de los trabajadores, el Estado panameño arrastra en la actualidad la condena por "Violación de los Derechos Humanos", incumple e interpreta sus términos, incluso cuestiona y enfrenta a este honorable tribunal internacional.