El secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), Alfredo Berrocal, catalogó como injustas, miserables y despreciables las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, quien solicitará el veto presidencial al proyecto de ley N.° 92, que ordena el pago de la segunda partida del decimotercer mes de los años 1972 a 1983.
"Los trabajadores panameños públicos y privados tuvieron la generosidad de prestarle al Estado la segunda partida del decimotercer mes para que el Banco Hipotecario promoviera la construcción de viviendas, y ahora no les quieren pagar, lo cual es injusto", señaló Berrocal.
El dirigente de Fenasep le hizo un llamado tanto al presidente de la República, Juan Carlos Varela, como al ministro de Economía y Finanzas para que ponderen la actitud de los trabajadores.
Agregó que la decisión técnico-jurídica de proponer el veto presidencial no es consecuente con esa generosidad histórica que tuvieron los trabajadores en esa época.
"Los trabajadores han esperado durante muchos años para reclamar y hasta han propuesto fórmulas que han tenido que consensuar, por lo cual lo mínimo que debería pasar es que el Estado tuviera la responsabilidad de poder devolverles a los trabajadores esa partida", expresó.
Por su parte, Fernando Cebamanos, miembro del partido Frente Amplio por la Democracia (FAD), señaló que para De la Guardia la prioridad no es el pueblo.
"Se agarra de tecnicismo, mientras que para aprobar partidas multimillonarias para sus negocios no hay ningún tipo de impedimento", manifestó.
Indicó que se prioriza el gasto para los viajes del presidente y otros gastos innecesarios; sin embargo, cuando se trata del pueblo, no hay dinero y se escudan en tecnicismo.
El ministro De la Guardia advirtió que el proyecto tiene graves visos de inconstitucional, ya que el artículo 163 de la Constitución establece limitaciones a la Asamblea Nacional para aprobar este tipo de normas.
"Ese pago genera una carga inviable al presupuesto 2017. Se trata de una obligación que representa más de 200 millones de dólares y que no tiene fuente de financiamiento disponible", señaló.
Reiteró que la opinión del ministerio es que el proyecto es inconstitucional, y en función de eso solicitaremos el veto presidencial.
Dato
180 mil trabajadores se beneficiarían.
