El defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, advirtió que la negativa del Ministerio de Economía y Finanzas de proporcionarle información sobre las auditorías hechas a los corredores Norte y Sur, “podría constituirse en una restricción al ejercicio de la libertad de información”, consagrada en la Constitución Nacional, la Ley de Transparencia y la Convención Americana de los Derechos Humanos.
La advertencia de Vargas está plasmada en el recurso de Hábeas Data que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia contra el MEF, luego que este ministerio le negara insistentemente la citada información, aduciendo que es de carácter “confidencial”, en base al Artículo 722 del Código Fiscal.
El recurso surge luego de afirmaciones de varios sectores de que la empresa mexicana ICA ya recuperó su inversión y la ganancia razonable por la construcción del Corredor Sur y por las quejas de ciudadanos por el aumento de las tarifas en esta vía y en el Corredor Norte, construido por la también mexicana PYCSA.
Vargas indica en su Hábeas Data que la negativa del MEF viola el Artículo 43 de la Constitución Nacional y el Artículo 28 de la Ley de Transparencia. Sustenta que el MEF, al negar esta información, desconoce la condición constitucional de la Defensoría del Pueblo como representante de los intereses de la colectividad frente a las empresas públicas, mixtas o privadas que desarrollen un servicio público.
Agrega que la calificación de esta información como confidencial, “sin duda alguna”, altera la intencionalidad del derecho de acceso a información de carácter público de los ciudadanos consagrada en la Constitución.
