La puesta en funcionamiento de los tribunales de menores a fin de año ayudará a resolver el problema de delincuencia juvenil que vive el país, ya que evitará la impunidad de los menores que delinquen y son liberados por falta de un juicio, señaló Jorge Giannareas, consultor del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Con un presupuesto de ocho millones de balboas, estos tribunales debieron comenzar a trabajar este mes, pero la falta de recursos ha impedido la aplicación de la Ley 40 que los crea, con lo cual se resolvería una gran cantidad de casos que se encuentran sin tramitar por falta de personal y recursos.
Actualmente, los tribunales de niñez y adolescencia tramitan cerca de 12 mil casos anuales, más de mil por mes, lo que implica que se encuentran abarrotados de expedientes. Como no existen fiscalías y la PTJ no apoya las investigaciones, porque el Ministerio Público no tiene fiscalías, el Tribunal de Niñez y Adolescencia tiene que hacerlo todo, indicó el consultor.
Si no se crean los tribunales necesarios para atender los casos que se presentan a diario, se está contribuyendo a reforzar la idea de que la justicia no funciona.
Durante la presentación a El Panamá América del informe de UNICEF sobre la situación de la criminalidad, Giannareas señaló que existe una distorsión en las cifras, ya que las mismas deben ser analizadas en su justo contexto y dimensión.
Explicó, por ejemplo, que de los 30 mil procesos penales que se dieron en el país en el 2001, sólo 4 mil 200 fueron cometidos por adolescentes, lo que representa únicamente un 14% del total, y de ellos 938 fueron delitos graves por los cuales se puede decretar detención preventiva y que tienen una pena de cinco años.
El informe revela también que el año pasado se registró un incremento grande en lo que a robos se refiere, que prácticamente se duplicó en los adolescentes, pero que sólo representaron el 15% del total, lo que indica que el 85% fueron cometidos por adultos.
En homicidios sucede lo mismo, de los 301 casos reportados en el país, 49 involucran a adolescentes, solo un 16% de menores. Pero las cifras parecen no reflejar la realidad ya que se reconoce que existe un problema de sub registro de un 70 a 80% tanto en menores como en adultos. Para Nancy Andrade-Castro, representante delegada de UNICEF en Panamá, este organismo no está de acuerdo con el aumento de las penas para menores ni apoya la impunidad, pero sí el debido proceso, ya que el aumentar las penas para combatir la delincuencia sería atacar el problema por el lado equivocado
El aumento de la delincuencia juvenil se da en proporción a lo que está pasando en el país que se deteriora y cae a pedazos. Javier Cherigo, subdirector de la Policía Técnica Judicial (PTJ), dijo que la ciudadanía se alarma con razón por los casos de homicidios que se dan, que en este año a la fecha llegan a 140.
De los casos presentados a la PTJ, un 70% han sido resueltos, quedando un 30% por resolver y un 15% de éstos ya están identificados, pero el problema está en que la PTJ no tiene una misión de prevención. En cuanto a si el índice de criminalidad de jóvenes es alto, Cherigo dijo que esto habría que analizarlo con expertos, pero el hecho cierto es que sí ha aumentado y algo está sucediendo en la comunidad.
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