El llamado a rendir indagatoria a siete miembros de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social en las investigaciones por el caso de envenenamiento con el tóxico dietilenglicol, representa un "pase de factura" para los citados.
Manuel Tajú, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la junta directiva, señaló que se trata de un problema de asuntos político ante su rechazo a la compra de los corredores y su posición sobre las repercusiones financieras que representa un aumento a los jubilados.
Al respecto, Guillermo Puga enfatizó que solo han sido llamados a indagatoria tres de los miembros que formaron parte de la la junta directiva de periodo en que se efectuó la compra de los medicamentos envenenados.
Por su parte, Silvio Guerra, representante legal de Tajú y Puga, indicó que dentro de la orden de indagatoria no encontraron elementos de pruebas que permitan decir que sus clientes están relacionados con el hecho que se investiga respecto a las muertes por el dietilenglicol.
