El último día habilitado por el Tribunal Electoral (TE) para inscripción, dio lugar a que el dirigente Mario Ruiz Dolande y varios miembros del Partido Popular (PP) se cambiaran de tolda buscando aspiraciones políticas en el Partido Liberal Nacional (PLN).
Ruiz Dolande, ex candidato a legislador por el PP en el circuito 8-6 (San Miguelito), explicó que su decisión de renunciar al partido se debió a las traumáticas elecciones primarias que se realizaron en ese colectivo el 26 de octubre.
El presidente del PLN, Aníbal Galindo, y el candidato presidencial por la Alianza oficialista Visión de País, José Miguel Alemán, coincidieron que la referida inscripción evidencia que sus adversarios se resquebrajan, mientras ellos suman mayor cantidad de personas que los apoyan.
Dirigentes opositores cuestionaron la decisión del TE de habilitar ayer sábado para inscripciones, a petición del presidente del PLN, pero éste explicó que la decisión estuvo sustentada en que la instancia electoral no laboró el día 31 de diciembre, tomando la decisión de trasladar la fecha.
El ex dirigente de los populares se llevó consigo a los candidatos a representantes Darío González, del corregimiento Arnulfo Arias Madrid; Ricaurte Delgado, por Amelia Denis De Icaza y Ernesto González, candidato a la representación de José Domingo Espinar.
Sumado a ellos se inscribieron al PLN, el subsecretario nacional del Comité de Trabajadores del PP, Luis Escobar y varios delegados convencionales de los estrellas verdes.
Los dirigentes y convencionales del distrito de San Miguelito fueron electos para cargos de elección en las primarias del Partido Popular, pero aseguran que las decisiones arbitrarias tomadas en ese colectivo buscan intereses de un grupo y no la decisión de la mayoría, por lo que los llevó a tomar la medida.
Mientras que Ruiz Dolande sostuvo que la decisión de sumarse a las filas del PLN no afecta su credibilidad como dirigente y quienes deben dar explicaciones a los electores son los integrantes de la Junta Directiva del PP, encabezada por Rubén Arosemena, a quién volvió a denunciar que manipuló los resultados de las elecciones internas.
Panamá tiene que decir al mundo cómo hemos soportado, durante largos decenios, la injusticia de un convenio tramado en la oscuridad de la noche por negociantes internacionales que se aprovecharon malévolamente de la indefensión de una República en ciernes. Panamá tiene que mostrar ante la faz del universo las hondas heridas que durante más de cincuenta años han ofendido la dignidad de la nación. Panamá tiene que exponer en los organismos internacionales la larga serie de medidas antidemocráticas con que los Estados Unidos han venido explotando nuestros recursos naturales y humanos, imponiendo medidas discriminatorias contra los naturales de una tierra que no les pertenece, atropellando en la carne de nuestro pueblo los más elementales principios de libertad y de justicia.
Es toda una historia de mezquinos egoísmos, de intolerancias, de violaciones al derecho internacional la que acaba de desembocar en los trágicos sucesos que han bañado de sangre inocente nuestra tierra. Hay que relatar la triste verdad de las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos desde aquel convenio oprobioso, viciado de nulidad absoluta por su letra ilógica, por su espíritu esclavista, por su significado colonialista, por su expresión violatoria de los más elementales principios de humanidad. Solamente en esa forma lograremos mostrar ante la América y el mundo la verdad completa, de la cual la destrucción y la muerte, la sangre y el dolor que hoy abruman a nuestro país, no es más que la lógica conclusión, la inevitable consecuencia.
De allí la necesidad de que nuestra representación ante el Consejo de Seguridad y ante la Organización de los Estados Americanos lleve en el corazón y en la mente el cuadro total de los sucesos que todavía se están desarrollando en esa parte vital de la Patria que es el territorio por donde cruza la vía interoceánica. Panamá tiene que presentar ante esos organismos un retrato fiel de los atropellos contra la enseña patria, del asesinato de los estudiantes, de la masacre de hombres y mujeres, de la invasión de las tropas estadounidenses al territorio nacional. Porque ante esas pruebas y ante esa historia, el mundo entero tendrá que condenar a los Estados Unidos y tendrá que reconocer no solamente la plenitud de nuestros derechos sino también la justicia de nuestras demandas.
Esas demandas sólo podrán ser plenamente satisfechas mediante la cancelación definitiva del ominoso Tratado de 1903 y la fijación de un término perentorio para que la franja canalera vuelva al completo dominio de la República de Panamá, única soberana en ese territorio.
Toca al Ejecutivo, en consulta con los dirigentes cívicos y políticos del país, proclamar oficialmente las aspiraciones integrales del pueblo panameño en relación con la Zona del Canal, a fin de que la lucha por el logró de las reivindicaciones nacionales no se detenga en la simple gestión ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos y ante el Consejo de Seguridad.
Nuestra cita con la historia debe concretarse en una demanda oficial dirigida por el Jefe de Estado Panameño al Secretario General de las Naciones Unidas para que en el Programa del próximo período de sesiones de la Asamblea General de esa Organización, se incluya el tema relativo a “la Cuestión de la Zona del Canal de Panamá”.
Nuestros mártires estudiantes, los patriotas que cayeron inmolados por las ráfagas arteras de una soldadesca vengativa, no habrán muerto en vano si la Nación entera, los panameños todos, actuamos unidos en un solo haz para rescatar nuestra soberanía y reclamar justicia para la República, honor para su bandera, respeto para sus instituciones y gloria para los caídos.
