En diciembre pasado, Migración emitió una resolución, ordenando la salida de Aperador de Panamá en un plazo de tres días por razones de "Seguridad Interna del Estado", decisión que objetó Cáritas.
Sin embargo, en otra resolución emitida el pasado 27 de febrero por Migración, "por consideración a la Iglesia Católica" se le da tres meses de plazo a Aperador, a su esposa e hijos, para que culminen su misión en el país y abandonen el territorio nacional, lo que es rechazado por este organismo.
Aperador forma parte de las actividades que Cáritas Panamá desarrolla en el acompañamiento de la Coordinadora Campesina Contra los Embalses, organización que se opone a los proyectos de inundación que tiene previsto realizar la ACP, para la ampliación de la vía interoceánica.
Según la Pastoral Social Cáritas, las autoridades de Migración siguen sin explicar por qué consideran la labor de Aperador como una amenaza a la seguridad del Estado, razón por la que se pretende expulsarlo.
Según el organismo de la Iglesia Católica, esta actuación irregular y arbitraria constituye una amenaza al trabajo socio-pastoral y socio-político que realiza la Iglesia en defensa del derecho del campesinado, a la vida y a la tierra en la que los campesinos han vivido, trabajado y cuidado.
Quienes decidieron dejar de trabajar para unirse al paro laboran en fincas como Corredor, Palo Blanco, Bogamí, Javillo, Zapatero, Palmito, Caobo, Zapote, Jagua, Higuita y Majagua.
Ubicada a escasos 15 a 20 minutos de carretera de Puerto Armuelles se encuentra la zona bananera. Miguel Batista, uno de los empacadores, no acuerpó la lucha sindical, según destacó, porque "se manejó de manera política".
A juicio de un capataz de Finca Blanco, había unos 800 empleados en desacuerdo con la nueva dirigencia, entre éstos, los dedicados a la irrigación, protección de la fruta y parceleros o chireros, como les dicen.
Aunque muy pocos fueron los que se notaron trabajando, señalaron que a la hora de llevar el sustento diario a sus hogares sólo unos cuantos se benefician en las dirigencias. Confesaron que se pudo dialogar sin llegar a estos extremos.
Flora y Tomasa Rodríguez, dos indígenas esposas de obreros de las bananeras, dijeron que sí apoyan la lucha porque quieren una respuesta de Morris. Hasta que no se diera un acuerdo, ellas no regresarían a sus fincas, debido a que la situación económica ha empeorado.
Mientras que Pedro Rosales, de Finca Higuito, sorprendido recalcó que nunca pensó que Morris llegaría a ocultar las cuentas del trabajo y las ganancias que con tanto esfuerzo han trabajado. Cornelio Quintero, un obrero de la Finca Javillo que tiene a su cargo la dirigencia interina de SITRACHILCO, señaló a El Panamá América que Morris quiso medir fuerzas y se encontró con un pueblo cansado.
Sentenció que las bases eligieron a Morris para que los representara, pero que ahora la "Victoria es de Dios". Dijo sentirse agradecido del pueblo de Puerto Armuelles y de los trabajadores de las bananeras.
Convertido en el nuevo líder sindical, manifestó que ahora tendrá una de las responsabilidades más grandes: estar en otra faceta para ayudar a su pueblo y compañeros.
Ahora sólo espera que la Asamblea General lo elija como nuevo secretario general de SITRACHILCO, según lo establecen los acuerdos con la Comisión de Alto Nivel designada por el Ejecutivo.
Los resultados de la paralización ha dejado pérdidas en el sector bananero por al menos B/.125 mil diarios, según contabilizaron las autoridades gubernamentales.
Actualmente COOSEMUPAR tiene un saldo con el Banco Nacional de Panamá de B/. 17.5 millones de los B/. 22.5 millones que fueron prestados por la entidad bancaria a la cooperativa.
La empresa exportó durante enero de este año un total de 318 mil 354 cajas de banano y para el mes de febrero se contabilizaron 425 mil 248 cajas de la fruta.
Roberto Barragán, alto ejecutivo del Banco Nacional y quien integró la comisión gubernamental de alto nivel, explicó que la empresa transnacional Chiquita, compradora de la fruta, paga directamente debido al contrato establecido por 10 años.
COOSEMUPAR hizo ventas desde julio a diciembre de 2003 por B/. 11 millones 462 mil, de acuerdo con los registros de la institución bancaria, la encargada de efectuar la auditoría a la empresa bananera. Antes de que se traspasara la empresa y que se compraran los activos, se tenía que hacer la afiliación de todos los trabajadores a la cooperativa, de allí surge el disgusto de las bases.
Según el acuerdo marco, del 25 de abril de 2003, esto estaba incluido. Una fuente de gobierno señaló a El Panamá América que en tres ocasiones se le llamó la atención a Morris para que esta parte de los acuerdos se hiciera efectiva. El último llamado fue en el mes de enero y no accedió.
Los trabajadores insisten en que hubo una violación a la ley laboral y que este problema tomó auge debido al apoyo gubernamental a Morris.
Al menos el asesor legal de la directiva interina de SITRACHILCO, Alvaro Muñoz, aseguró que con el respaldo que le han dado las bases a la nueva dirigencia y el desconocimiento a Morris, el que se encuentra ilegal es él.
"Es la primera vez en la historia que ocurre algo tan grande. El comercio, transportistas, empresarios y la comunidad se han mostrado solidarios, algo que ha sido desconocido. Hasta se les ha llamado políticos o terroristas", indicó Muñoz.
Agregó que quienes protestaron son gente común y corriente de las bananeras que lucha por el mandato de las Asambleas, consideradas por las bases como la máxima autoridad, donde solicitaron la renuncia de Morris y nombraron una nueva junta.
