En los últimos cinco años, el Estado tuvo que pagar cerca de 103 millones dólares, debido a una serie de demandas civiles y administrativas que presentaron funcionarios y particulares por supuestas irregularidades.
En la esfera administrativa, el Estado perdió cerca de 76 millones de dólares por casos relacionados, en su mayoría, con salarios caídos, Décimo Tercer Mes, vacaciones adeudadas e indemnizaciones.
Los procesos administrativos en contra del Estado se presentan ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde a la Procuraduría de la Administración, que desde 2005 está a cargo de Oscar Ceville, asumir la defensa de los intereses de la Nación.
Según datos de los informes de gestión de la Procuraduría de la Administración, de los años 2008, 2009 y 2010, se ha logrado que el Estado no pague unos 496 millones de dólares por este tipo de reclamaciones.
Por ejemplo, en el 2008 el Estado retuvo a su favor $19.2 millones; en el 2009, $325.8 millones; y en el 2010, $152.1 millones.
Dichos informes no especifican la cantidad de procesos ganados y perdidos. Incluso, se intentó infructuosamente conseguir los datos a través de la Oficina de Prensa de la Procuraduría de la Administración.
En cuanto a los procesos civiles, desde 2006 hasta octubre del 2011, el Estado perdió unos 27 millones de dólares.
A raíz de las millonarias pérdidas, se decidió crear la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, que empezó a funcionar desde mayo de 2006.
Desde entonces, hasta octubre del 2011, la Fiscalía ha ganado procesos que rondan los 1285 millones de dólares.
El fiscal William Parodi explicó que es el único despacho que atiende las demandas civiles a favor y en contra del Estado.
Hay menos demandas contra el Estado.
De los más de 600 casos vigentes que mantiene la Fiscalía, las demandas civiles representan 8 millones 755 mil dólares. Mientras, las demandas que ha interpuesto el Estado contra particulares es de 58 millones 746 mil dólares.
Según Parodi, es la primera vez que las demandas millonarias en contra del Estado son menores que las demandas interpuestas.
Esto se debe a una demanda de 50 millones de dólares que interpuso la Fiscalía en contra de la corporación turística de Panamá Calanit Investment, S.A., relacionada con un caso de una isla en Bocas del Toro.
Sin embargo, aún muchas instituciones desconocen que el Estado tiene quien le defienda.
“Nosotros trabajamos en atención a lo que las instituciones públicas nos informen sobre el perjuicio que causó una empresa”, señaló Parodi.
Las penas a las que son sometidos los particulares son órdenes de pagos al Tesoro Nacional o el secuestro de sus bienes.
