Aproximadamente dos millones de armas ligeras ilegales circulan en Centroamérica y Panamá, las cuales producen unos cuatro millones de delitos con muerte por año informó ayer Rogelio Boan Rodríguez, presidente del Foro del Interparlamentario para el Desarme y contra el Tráfico Ilegal de Armas Ligeras.
Boan Rodríguez, quien además es representante del Parlamento Español ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) expresó que justamente lo que se persigue a través del Foro Interparlamentario es combatir el tráfico de estas armas ilegales.
Indicó que a través del foro se quiere básicamente es unificar toda la legislación de la región de Centroamérica en materia del combate del tráfico de armas ligeras, porque están convencidos de que éstas generan muchos actos delictivos que atentan contra la vida de los ciudadanos de estas naciones.
Por esta vía se pretende hacer un registro computarizado de todas estas armas, para que al momento que las autoridades de cualquiera de estos países detengan un arma de este tipo, se conozca cuál es su lugar de procedencia y quién es su propietario.
Expresó que Panamá como país limítrofe con Colombia es normal que "se vea contagiado" con este tipo de actividades ilegales como el tráfico de armas y otras actividades ilícitas que genera la delincuencia y la guerrilla.
Mencionó que el foro trabaja con miras a lograr que aquellas personas que en determinado momento formaron parte de un grupo guerrillero o bandas delictivas que tenían un arma como parte de su vida, empiecen a cambiar su mentalidad.
Reconoció que es una tarea muy difícil y por eso necesitan que sea un trabajo que se desarrolle de manera colectiva entre todas las naciones del área que están dispuestas a luchar contra este ilícito internacional.
Aunque aclaró que hasta la fecha carecen de pruebas sobre irregularidades, consideró necesario atender las demandas de las empresas que han denunciados irregularidades en las contrataciones e iniciar las investigaciones.
Recientemente, la compañía Laboratorio de Análisis Clínicos, S.A. denunció la supuesta utilización de métodos fraudulentos y amañados para descalificarlos del proceso de selección del contratista que brindaría el servicio de unidad de laboratorio y banco de sangre.
Pero no es la única que hace señalamientos de irregularidades, porque sólo ayer la Coordinadora Pro Servicios Públicos de San Miguelito le pidió al Patronato del HISMA que anule el proceso por "amañado, fraudulento y con signos de corrupción". También solicitó al Contralor de la República que investigue todos los procesos administrativos que se han ejecutado en el hospital.
De acuerdo con la Coordinadora, la suspensión debe hacerse cuanto antes, máxime cuando hoy se estará adjudicando el concurso de precios.
"No podemos permitir que se vea a San Miguelito como una fuente de enriquecimiento, en contra de la función social y de salud para lo cual fue creado el hospital", indicó la Coordinadora en una misiva.
Detalló que es toda una irregularidad haber descalificado a la empresa que por años ha brindado un buen servicio y que ofreció un buen precio, para aceptar a la compañía Análisis de Reactivos, S.A., que además de ofertar un precio más elevado, "está en consorcio con Laboratorio Clínico de España, que no está constituida, de acuerdo con certificación del Registro Público". El Panamá América intentó obtener las declaraciones del presidente del Patronato del HISMA, Bernardino Botacio, se le dejó el mensaje con su secretaria y se llamó en varias ocasiones, sin embargo, no devolvió la llamada.
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