La Defensoría del Pueblo volvió a lanzar ayer duras críticas contra la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) por carecer de una normativa institucional para regular la minería.
El ombudsman, Ricardo Vargas, advirtió que la poca capacidad que tienen ambas entidades para realizar inspecciones en los proyectos que cuentan con permisos de actividades relacionadas con la minería, queda en evidencia con los escasos recursos y el limitado personal calificado para ello.
Estos señalamientos coincidieron con una protesta simultánea que realizaron ayer trabajadores de Cañazas, Petaquilla y la comarca Ngöbe Buglé en la Asamblea Nacional y en la Defensoría, para pedir que se desestimen las solicitudes de moratoria a la minería, incluyendo una petición del Defensor.
