Ministerio Público debe sancionar corrupción

Aunque consideró positiva la creación de una oficina oficial para combatir la corrupción, el vicepresidente de la República, Arturo Vallarino, manifestó que más viable sería dotar al Ministerio Público de los recursos que le permitan desarrollar su labor fiscalizadora y sancionadora de los delitos por corrupción.
El vicepresidente reconoció que actualmente el Ministerio Público no está cumpliendo su cometido, lo que genera la demanda de organismos que no se les puede dar facultades jurisdiccionales, porque se estaría violando la Constitución.
Bajo esa premisa, manifestó Vallarino, sería innecesario crear una entidad que no tiene las facultades para ejecutar algo para lo que fue creada.
Las declaraciones del vicepresidente surgen luego que se diera a conocer varias recomendaciones hechas por la Comisión Anticorrupción a la Presidenta de la República, y que forman parte del informe final elaborado por el organismo.
El vicepresidente, quien dijo desconocer la postura que adoptará la mandataria Mireya Moscoso frente a los planteamientos expuestos por la Comisión, expresó que "definitivamente no se puede tratar de justificar ninguna falta o delito de persona argumentando cualquier excusa".
Compartió lo expresado por la Comisión Anticorrupción de sancionar severamente a toda persona que se le compruebe un caso de corrupción.
En cuanto al caso específico de la denuncia por el supuesto cobro de coimas y otras irregularidades para la apertura de tiendas libres de impuesto en el Aeropuerto de Tocumen, sostuvo que luego que la presidenta Moscoso visitó la terminal aérea se giraron instrucciones para corregir las anomalías.
Agregó que si se dio orden para el traslado de las tiendas que ocupan espacios que requieren los pasajeros, entonces las autoridades de Aeronáutica deben proceder con la medida.
No obstante, Vallarino no consideró irregular el aumento de tiendas libres, incluso en el área de los satélites del aeropuerto, "porque es una situación que se da en muchos aeropuertos del mundo".
En los últimos días, y pese a la medida anunciada por la presidenta Moscoso de trasladar de lugar a algunas tiendas libres o "duty free", se ha podido comprobar la creación de nuevas instalaciones comerciales en detrimento del espacio disponible para los usuarios de la terminal aérea.
El GAFI ha señalado que hay que observar con cuidado a las asociaciones sin fines de lucro porque éstas reciben dinero, del cual hay que saber su origen y su destino.
De acuerdo con el asesor jurídico de la Superintendencia de Bancos, Enrique Arturo de Obarrio, a raíz de los sucesos del 11 de septiembre del año pasado, el GAFI adoptó ocho recomendaciones especiales sobre el financiamiento del terrorismo. La última tiene que ver con las organizaciones o asociaciones sin fines de lucro.
Indicó que se están haciendo las consultas correspondientes entre las autoridades involucradas a efectos de determinar la necesidad o no de adecuar la normativa y controles existentes para las ONGs, a lo que sin lugar a dudas se procederá, si así se considera necesario.
Expresó que es importante evaluar la efectividad de los controles existentes y hacer los ajustes a que haya lugar, de manera que este vehículo jurídico cumpla con el sano propósito para el cual ha sido concebido, sin que se pueda aprovecharse de éste para propósitos malsanos.
Será necesario revisar los mecanismos que permitan comprobar el destino de los donativos recibidos, y verificar que todas las asociaciones sin fines de lucro existentes en Panamá hayan cumplido con los requisitos establecidos.