La administración de justicia en Panamá seguirá siendo "lenta" por las condiciones "precarias y el escaso" presupuesto que asigna al Ministerio Público y demás instituciones encargadas de esta labor afirmó ayer el procurador General de la Nación, José Antonio Sossa.
Al concluir las vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto, Sossa indicó que de por sí el Ministerio Público tiene este año un presupuesto que los obliga a funcionar en condiciones "precarias", a pesar que tiene un monto que asciende a B/. 28 millones, situación que se agrava para el 2003 período al cual se le disminuye en un 10% o unos B/. 2.8 millones.
Sossa solicitó a los legisladores que no permitan que se les aplique este recorte o que al menos no los hagan pasar la "vergüenza" ante la ciudadanía de hacer creer que se les asigna la partida necesaria para funcionar, lo cual genera falsas expectativas con respecto a la creación de nuevas fiscalías y otras gestiones, cuando en realidad no se les asignan las partidas para estos fines.
Mencionó el caso de la ejecución de la Ley 40 o de la responsabilidad penal del adolescente, según la cual se deben crear por lo menos siete nuevas fiscalías en distintos puntos del país, pero no cuentan con los recursos necesarios porque no se les asigna en el presupuesto.
Francisco Alemán, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, explicó que durante las vistas presupuestarias del Ministerio Público, se hicieron los primeros contactos, entre el procurador Sossa y Roberto Lugo, subdirector nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de ver si se logra un acuerdo que permita el incremento del monto asignado.
Alemán dijo que existe la disposición de parte de los legisladores de gobierno y oposición para recomendar un incremento en el Presupuesto del Ministerio Público en el caso que se logre un acuerdo con el MEF que esté dentro de los parámetros permitidos por la Ley 20 sobre las normas de responsabilidad fiscal.
Sossa dijo que los recortes asignados son de tal magnitud que afectarán el alquiler de las instalaciones en las cuales funcionan varias dependencias de la institución, el pago de gastos de representación a diversos funcionarios, la compra de reactivos en el Instituto de Medicina Legal, el pago de trabajadores eventuales, la adquisición de nuevo equipo y otros renglones.
