El ministro de Comercio e Industrias, Joaquín Jácome, reveló ayer que ha sido blanco de amenazas y presiones, luego que el Organo Ejecutivo le designara la tarea de equiparar los beneficios fiscales de Panama Ports Company (PCC) a los del resto de las terminales portuarias.
Jácome, quien fue sentado en el banquillo de la Comisión de Comercio de la Asamblea Legislativa para que explicara las razones jurídicas y económicas que tomó en consideración para que el Estado renunciara a más de 22 millones de dólares anuales, en medio de una apasionada intervención, recalcó que varios abogados fueron a su despacho a amenazarlo.
Según el titular, estos abogados le advirtieron: " si usted toma esta decisión, usted verá lo que pasa con su imagen". Sin embargo, Jácome, quien en repetidas ocasiones golpeó la mesa y levantó el timbre de su voz, indicó que él es panameño y para favorecer al Estado aprobó la equiparación, la que a su vez ocasionará que se inviertan 200 millones de dólares en Balboa y posteriormente 40 millones en Cristóbal.
Reconoció que estaba alterado, por lo que pidió disculpas a los presentes, pero en ningún momento se retractó de sus declaraciones. "He recibido todo tipo de mensajes cruzados y amenazas, la gente no sabe por lo que estoy pasando, cuando seis personas se sientan en su despacho a decir que usted no puede tomar esta decisión y tiene que consultarla", recalcó.
PPC paga 22.2 millones de dólares por renta fija anual al Estado, además del 10% de la facturación bruta, lo que representa más de 30 millones de dólares que el fisco ya no recibirá. Sin embargo, a juicio de Jácome, esto no es un " sacrificio fiscal". Igualmente, manifestó que la resolución es un documento administrativo susceptible a una impugnación, refiriéndose a quienes no estén de acuerdo con la medida.
No obstante, "si se impugnase entrará a una guerra de impugnaciones en detrimento del pueblo". Recordó que habría que hacer lo mismo con las resoluciones que equipararon las condiciones de Manzanillo International Terminal (MIT) y Colon Container Terminal (CCT). Jácome enfatiza que su actuación, plasmada en una resolución por orden del Organo Ejecutivo, es legal, lo cual se comprueba con resoluciones que en el pasado se basaron en el mismo fundamento jurídico.
" El Gobierno hubiera podido garantizar la inversión, con la aplicación de un crédito extraordinario, sin exonerar los impuestos que pagaba la empresa", enfatizó.
Por su lado, Eduardo Morgan, abogado de PPC, indicó que cuando la empresa negoció el contrato ley con el Estado, se comprometió a pagar los 22 millones anuales, a sabiendas que esta cláusula podría ser modificada.
En medio de todo este debate, los legisladores del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Fredy Torres y Rubén De León, que forman también parte de la Comisión de Comercio, aplaudieron la inversión de PPC.
Todos reconocieron que se trata de la competencia entre un gigante chino y un gigante norteamericano que disputan el mercado de contenedores más importante de la región y en cierta forma el control de los puertos de contenedores más importantes del Caribe. MIT es actualmente la compañía que más contenedores mueve a nivel nacional, sin embargo, PPC con una ampliación en el Pacífico y el Atlántico, le podría arrebatar el liderazgo.
