Jesús Sierra, ministro de Turismo, no pudo justificar la compra directa de 29 cámaras de vigilancia a precios muy por encima de lo que se cotiza en el mercado.
Sierra pagó con recursos del Estado entre 2,812 y 3,140 dólares por cada una de las cámaras que serán parte de un sistema de seguridad del centro de convenciones Atlapa.
Cuando en el mercado los mismos equipos se puede adquirir entre 1,800 y 900 dólares.
Sierra alegó ayer dos razones por las cuales hizo esa contratación de forma directa, rápida y dirigida a una sola empresa: STS.
Dijo que STS era la única que podía proveer en Panamá ese tipo y marca de cámaras, además de que requería de una contratación acelerada porque el Atlapa será sede de la Cumbre de las Américas en abril.
Sin embargo, la marca Mobotix informa en su página web que su partner local en Panamá es Multitek y que parte de los proyectos instalados entre ambos grupos con sus cámaras son los puertos de Cristóbal y Balboa, operados por Panamá Ports. En la sustentación de la compra, la ATP afirmó que uno de los clientes de STS era Panamá Ports.
Otro punto que contradice la versión de Sierra es la premura, ya que se trata de una compra que se ejecutó con más de seis meses de anticipación, sin justificar la contratación directa que le podía ofrecer mejor precio y ahorro para el Estado.
A pesar de estos puntos, Sierra defendió ayer la compra y dijo que no había un proveedor mejor que STS.
Afirmó que esta es la única compañía en Panamá que reúne los estándares de protección para la cumbre de presidentes, no había otra opción.
Aseguró que la compañía STS presentó un certificado de idoneidad que garantiza que es la única empresa en Panamá que cuenta con la calidad en las instalaciones y el mantenimiento de los equipos.
Además, justificó la compra de las cámaras por la calidad de eventos que se darán en Atlapa. Señaló que no solamente se desarrollará la cumbre de presidentes, sino también la de la juventud y los empresarios.
No es la primera vez que Sierra contrata de forma directa a STS. En octubre pasado, la ATP contrató a la misma compañía para el suministro e instalación de un sistema de alarma contra incendios para el centro de convenciones Atlapa por 214,000 dólares.
El abogado Ernesto Cedeño asegura que el hecho de que haya una sola empresa en una contratación no justifica que se den sobrecostos, por lo que aseguró que la ley faculta a la Contraloría y al Ministerio Público iniciar una investigación de manera oficiosa.
También destacó que la Ley 33, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), establece en su artículo 6, numeral 10, que esta entidad está en la obligación de iniciar de oficio una investigación sobre denuncia pública.
Intentamos obtener una reacción de Angélica Maytín, secretaria ejecutiva de Antai, pero no respondió a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos. La exdefensora del pueblo Patria Portugal fue destituida por un hecho similar, tras investigación de Abigail Benzadón, exsecretaria de Antai.
Contradicciones por un sistema de videovigilancia para la ATP
Una nota de Mobitix dice todo lo contrario a las declaraciones dadas por el ministro de Turismo, Jesús Sierra.
En una nota publicada por la marca Mobotix, destaca que la empresa autorizada para la distribución de sus equipos es Multitek, sin embargo, el ministro Sierra dijo que la única compañía autorizada es STS, la que fue contratada directamente.
Detalla la nota de Mobotix que producto de la relación comercial con Multitek, se dio la instalación del sistema de cámaras de videovigilancia en los puertos de Panamá Ports en el área de Balboa. STS asegura en pliego de cargos que realizó estos trabajos.
ATP evalúa presentar 18 denuncias contra de administración anterior
El director de la Autoridad de Turismo presentó dos denuncias ante la Fiscalía Cuarta Anticorrupción por supuestas irregularidades en la institución durante la administración anterior.
Sin embargo, dichas denuncias no señalan directamente a nadie en particular, argumentando que es contra quienes resulten responsables.
Dijo Sierra que estas denuncias fueron sustentadas en auditorías que realizaron en la Contraloría y que es parte de un paquete de unas 18 denuncias que evalúan presentar por las supuestas irregularidades en la ATP.
En esta ocasión se denunció el hecho de una contratación laboral a nombre del señor Carl Henry Bohn, quien recibió entre enero del 2001 a junio del 2014 un salario mensual de 5,000 dólares y aparentemente nunca se presentó a laborar.
La otra denuncia es sobre el suministro de combustible por dos años a vehículos que aparentemente estaban en descarte. La fiscal cuarta Ruth Morcillo, de turno, recibió las denuncias.
- 29 Es la cantidad de cámaras que fueron compradas de forma directa por la ATP para el Atlapa.
