"Yo no puedo renunciar al cargo que ocupo, pues sería una salida fácil. La historia ha puesto una responsabilidad sobre mis hombros que no puedo eludir, aunque esto me pudiera costar una condena injusta y políticamente dispuesta con pena de prisión"", dijo la procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, al ser notificada de la separación del cargo.
A las 10 de la mañana la procuradora fue notificada de la separación del cargo, al mismo tiempo que anunció un recurso de reconsideración que según Goméz, "si se le respeta el proceso debe suspender la medida".
Gómez reiteró que encarcelar no es un acto de valentía, si no de pruebas descubiertas en el debido proceso. "Mi voz no se acalla con el hambre y mis rodillas solo se inclinan ante Dios".
La procuradora quien dice creer en un Estado de derecho con una absoluta separación de los poderes, rindió un informe de su gestión como primera fiscal, en la que adelanta aproximadamente 42 procesos entre penales y disciplinarios.
Entre ellos destacó un proceso contra un magistrado tribunal superior, 4 contra ministros de Estado, 2 contra viceministros y 18 contra directores de entidades autónomas y semi-autónomas. Sin contar que en su debido momento la Corta Suprema de Justicia deberá remitir el caso Cemis para su debida investigación.
"Quiero que toda la población panameña tenga presente que siempre y frente a toda clase de circunstancia procuré en el MP una visión y una misión acorde con los tiempo actuales...Dejo un MP con altos niveles de transparencia en la gestión pública ", puntualizó.
Por último, Gómez, aclaró que no se trata de defender un puesto: "Yo no lucho por quedarme en un puesto, lucho por que nunca debí salir de esta manera".
Por su parte, el secretario general Rigoberto González, indicó que según dicta la ley, el expediente debe regresar a la CSJ, que deberá analizar y resolver el recurso anunciado por la procuradora.
Los cargos contra Gómez surgieron después de que el ex fiscal Arquímedes Sáez presentara en julio de 2009 una querella acusándola de extralimitación de funciones y abuso de autoridad por pinchar sin autorización judicial su teléfono en una investigación que se le seguía por supuestamente recibir un soborno en 2007
Más en nuestra edición impresa de mañana...
