"Miserableza" presupuestaria con menores infractores

La Ley 40 de 1999 sobre responsabilidad penal de los menores se ha tratado con "miserableza presupuestaria", denunció la magistrada del Tribunal de la Niñez y la Adolescencia, Esmeralda Troitiño.
Mientras que el legislador Marcos González reclamó una revisión de la norma, porque hay más de 800 incapacitados víctimas de la violencia juvenil, y Jorge Giannareas, experto de la UNICEF, recomendó al Estado elaborar una nueva política criminal.
Los anteriores planteamientos fueron presentados en el segundo foro organizado por El Panamá América, denominado "Los menores ante la ley", en el cual participaron como expositores la magistrada Troitiño; Giannareas, consultor de UNICEF; el legislador González; Diomedes Kaa, director del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de la Juventud; el rector del Instituto Nacional, Jaime Ruiz y el director del Artes y Oficios, Raymundo Hurtado Lay.
Al cumplirse hoy tres años de la promulgación de la Ley 40, Troitiño denunció que debido a la "miserableza presupuestaria" con que ha sido tratada la norma, ésta no ha podido ser implementada y con ello se está violando el debido proceso a los menores.
De acuerdo con Troitiño, se requieren B/.8 millones para ejecutar la norma, que incluye nombramiento de jueces e instancias especializadas que permitan llevar a los menores entre 14 y 17 años ante la justicia.
Indicó que al no ejecutarse la legislación se está violando el debido proceso a los menores de edad, porque el juez es el que realiza las investigaciones, lo que "contamina" el proceso.
Manifestó que esa situación no puede seguir, ya que los menores de edad son personas que viven en este país donde existe un estado de derecho y se debe respetar la Constitución y las leyes.
La experta en justicia de adolescentes destacó que los juzgados además de los casos de delitos que cometen los menores tienen que atender otras 4 mil denuncias anuales referentes a pensiones alimenticias y en los casos de protección de niños maltratados en estado de abandono y abusados, otros 4 mil más. "Ese juez de niñez y adolescencia que debe atender una situación tan especial como un delito tan grave como el homicidio tiene que atenderlo junto con 8 mil y tantos casos más", denunció.
Destacó que a diferencia de la justicia para los adultos, los delitos pequeños son atendidos por un juez municipal, los de orden un poco mayor por jueces de circuitos, mientras que los delitos de homicidios son referidos a un Tribunal Superior de Justicia.
"Ese juez que tiene que darle respuesta inmediata a una niña abusada o contagiada por SIDA, le llega a la vez un caso de un robo a mano armada donde tiene que juzgar a un menor", comentó. Indicó que debido a la no implementación de la ley, los procesos penales contra menores no se han seguido de acuerdo a lo que exige el régimen de responsabilidad penal. Entonces, agregó la magistrada, la efectividad de la ley no se puede cuestionar.
"Hay que implementar los tribunales de justicia, designar a los fiscales, porque de lo contrario estamos violando el debido proceso a los muchachos", indicó Troitiño. Lamentó que el proceso educativo en el cual se fundamenta la Ley 40 haya colapsado, porque el régimen especial garantiza que deben recibir una educación.
Dijo que ella no quiere ser la "gallina defensora de los menores criminales del país" y que tampoco va a opinar sobre un aumento o no de la pena a los menores, pero por lo que sí va a exigir, son los recursos económicos para cumplir con la norma.
Por su parte, el legislador arnulfista Marco González abogó por un aumento de las penas a los menores de edad debido al incremento de la ola de violencia en la capital. Adelantó que presentará durante este período de sesiones, con urgencia notoria, el proyecto de ley para aumentar a 20 años la pena a los menores que delinquen y que en está ocasión tiene el respaldo de 15 colegas para aprobar la moción. Agregó que ya ha agotado la discusión del tema en un 60 por ciento, y que además le dará seguimiento personalmente al proyecto en la comisión para su rápida aprobación. "Estoy tomando todas los mecanismos legales para que el proyecto de ley no sea tumbado", advirtió.
Destacó que el día que presente la iniciativa llevará a la Asamblea unas 800 personas entre familiares de víctimas y personas que han quedado incapacitadas por la violencia y crímenes cometidos por los menores de edad. Manifestó que el proyecto lo presenta en función de representar al distrito de San Miguelito y el sector transportista, que son los que han puesto los muertos producto de la violencia de los menores.
Denunció que los derechos humanos no toman en cuenta ni visitan a los familiares de las víctimas, los niños que quedan huérfanos y la madre que queda sin sustento económico. Precisó que actualmente hay detenidos 160 menores por homicidios, 117 son reincidentes, de los cuales 43 han llegado hasta educación primaria y 54 llegaron a la secundaria. Dijo que en lo que va del 2002 de 10 homicidios, siete han sido cometidos por menores de edad.
Mientras que el consultor de UNICEF, Jorge Giannareas, recomendó al Estado panameño adoptar una política criminal seria, sin apasionamiento, donde se revisen las penas de todos los delitos. El experto de la organización de la niñez rechazó la tesis del legislador González de que los delitos cometidos por menores de edad hayan aumentando. "El tema se tiene que tratar con razonabilidad y de la misma forma como se tratan los temas económicos, sin apasionamiento", dijo Giannareas.
Giannareas precisó que sustenta su posición de que los menores no son los que más delinquen en estudios razonables y cifras serias para no caer en razonamientos caprichosos. Explicó que hasta el 2001, existen 938 procesos contra menores de edad, de los cuales 790 corresponden a robos, 61 a violación carnal, 49 al homicidio culposo, 35 tráfico de drogas y tres al secuestro. Indicó que el total de procesos no refleja la cantidad de casos que son sobreseídos, otros que reciben absolución y otros por declinación de competencia.
Manifestó que de los 30 mil incidentes delictivos que se cometieron durante el año pasado en el país se puede determinar que la criminalidad de los menores está volviendo a subir, pero en el caso de los delitos graves no. Apuntó que la velocidad con que crece la actividad delictiva de los adultos es muy superior a la de los menores. Señaló que durante 1997 que fue un año delictivamente alto, la criminalidad de menores sólo fue del 3%, en 1998 llegó al 2.6%, en 199 bajó a 1.9%, en el 2000 se mantuvo igual y en el 2001 ascendió a 3.1%&.
De acuerdo con Giannareas estas cifras revelan que estamos volviendo a los niveles de criminalidad en menores a los que existían en 1997. " Esto indica que la criminalidad juvenil tiene una naturaleza episódica. Es decir no es cierto que todos los años hay más y más delitos cometidos por adolescentes, pero si se puede afirmar que hay una naturaleza episódica del crímen cometidos por menores".
Destacó que tampoco no todos los delitos que cometen los menores se compartan igual ya que los casos por violación carnal han bajado comparado a 1999 al igual que el homicidios, pero en caso del robo estos se han triplicado. No obstante, en cuanto al robo, precisó que de 5,200 casos que se cometieron en total en el país, los menores están involucrados en 790.