El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Ricardo Anguizola, advirtió ayer que los trabajos de ampliación del Canal de Panamá deben contar con un estudio previo de impacto ambiental, y agregó que la Autoridad del Canal de Panamá tiene la responsabilidad de compensar a los moradores que serán afectados con la ampliación de la cuenca.
"Estos trabajos tienen que presentar un estudio de impacto ambiental que establezca un plan para minimizar los impactos negativos de los embalses con la reubicación de toda la fauna", acotó Anguizola.
Añadió que no se debe perder la fauna del lugar y tampoco debe suceder lo mismo que cuando se inundó el Lago Gatún, donde los norteamericanos dejaron gran cantidad de árboles en el agua.
Señaló que estas especies deben ser incorporadas como parte de la economía del país, y no ser cubiertas sin ningún estudio.
Añadió que es obligación de la Autoridad del Canal garantizar la compensación de los moradores y su reubicación en nuevas tierras.
"En la construcción de los embalses se debe incorporar como mano de obra a los residentes del área y no actuar alegremente", sostuvo Anguizola.
El funcionario informó que la ACP está tramitando la contratación de los consultores para el proyecto de ampliación del Canal.
Recalcó que todas las obras que efectúe la Autoridad del Canal o el Ministerio de Obras Públicas deben contar con un estudio de impacto ambiental que garantice el equilibrio ecológico.
Expertos en materia canalera han señalado que el Organo Ejecutivo debe tomar una decisión lo más pronto posible, sobre las alternativas de expansión del Canal, porque de ello depende el desarrollo del país.
Los trabajos de ampliación de la vía acuática, tienen el siguiente desglose, las represas, hidroeléctricas, las entradas al Canal, que cuestan B/.4 mil millones a un término de diez años; la ampliación del cauce para el 2020 a un costo de B/.700 millones; y otros mil millones para la ampliación del Canal al 2030.
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