El Organo Ejecutivo decidió extender hasta el 18 de abril de 2002 las funciones de la Comisión de la Verdad, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 268 del 19 de octubre de 2001, publicado en la Gaceta Oficial.
El referido decreto modifica los artículos 3 y 5 del Decreto Ejecutivo 2 de 18 de enero de 2001, que creó la Comisión de la Verdad y dicta otras disposiciones. Estos artículos se refieren a la integración de la Comisión y a la fecha tope para su funcionamiento.
El objetivo de esta extensión del período de funcionamiento, que fue solicitada por la propia Comisión de la Verdad y representantes de familiares de las víctimas, es hacer viable la presentación de un informe significativo lo más completo posible.
Esta petición se sustentó, señala la norma, en que la etapa de organización, planeamiento y selección de personal idóneo para emprender las tareas especializadas, y la dimisión temprana de Rosa María Crespo de Britton y Otilia Tejeira de Koster, impidió la pronta normalización de su efectivo y pleno funcionamiento.
El abogado Fernando Berguido fue el último que renunció. El decreto sustenta que el nuevo plazo en la localización de nuevos hallazgos óseos requiere continuar con excavaciones científicas para su posterior identificación.
En relación con los integrantes de la Comisión de la Verdad, la norma establece que estará integrada por Alberto Almanza, quien la preside; Osvaldo Velásquez, el obispo Julio Murray y Juan Tejada Mora.
