Miembros del Partido MOLIRENA remitieron una misiva a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), exigiendo copias de los "áuditos preliminares" realizados por la entidad sobre el uso del subsidio electoral por el colectivo, entre los años 1999 y 2004.
Pidieron la aclaración del uso del subsidio porque supuestamente, lo único que conocen del caso, es lo publicado por algunos medios de comunicación y "rumores de propios y extraños".
De igual manera, formularon 20 interrogantes al TE, destacando quiénes eran los "responsables directos" del manejo del subsidio y si los magistrados conocían la existencia de algún vínculo familiar de los administradores con los directivos del partido.
También desean conocer el uso del 25% del subsidio en la capacitación política del colectivo y a cuánto asciende el gasto de las capacitaciones.
Como si fuera poco, exigieron "cuanto antes" la aclaración de quiénes formaban la planilla del Molirena, los cargos y salarios, tanto en Panamá como en el interior del país.
¿El resultado? Cerca de 11,000 personas (reos) resentidas, con problemas de hacinamiento, mora judicial y falta de programas de resocialización.
Casi de forma utópica, el representante de la citada fundación, asegura que la "sectorización" del sistema judicial traería "menos delincuencia, disminución de reincidencia criminal y una nueva sociedad".
Más que un proyecto imposible de "reconstrucción social", Justiniani refirió en entrevista con este medio, algunos modelos carcelarios que han funcionado en otros países y que bien podrían imitarse en Panamá.
"El sistema español es muy bueno, pero nos gusta el de Estados Unidos, donde el interno tiene un número de identificación", consideró.
El sistema penal norteamericano, prohíbe introducir bienes necesarios a las prisiones, el centro todo lo provee. De lograrse en Panamá, el número de identificación serviría para adelantar trámites judiciales y administrar hasta una cuenta de bancos; las familias no tendrían que hacerle un supermercado cada cierto tiempo razona Justiniani.
Concretamente, sugiere privatizar algunos de los sistemas de producción y crear zonas procesadoras, donde los recluidos produzcan, combatiendo la ociosidad. Actualmente, de unos 11,000 presos con que cuenta el sistema penitenciario, solo unos 6, 000 participan en proyectos.
Un detenido podría "levantarse de mañana, producir y generar ingresos", asegura el gestor de la propuesta, quien agrega que el aprender un oficio en prisión, también podría garantizarle el sustento cuando sea liberado.
Para comprender la propuesta, es imprescindible conocer cómo funcionan las cárceles privadas. Con este método, la empresa está obligada a mejorar la infraestructura de los centros penitenciarios para convertirlas, por ejemplo, en pequeñas fábricas.
Como en toda empresa, las reglas del juego cambiarían y habría la obligación de garantizar condiciones a los empleados, en este caso detenidos. Los empresarios se beneficiarían de los bajos costos en mano de obra.
De lo descrito, Panamá ha probado algunos beneficios. Justiniani admite que la Dirección del Sistema Penitenciario, tiene contrato con empresas, en lo referente a costura y que muchos artículos de venta en los "malls", proceden de las cárceles nacionales.
No obstante, también estima que en Panamá "estamos atrasados". La tardía aprobación de la Ley 55, es muestra de ello.
Las reglas mínimas que deben regir un sistema carcelario, fueron aprobadas por el Congreso de Seguridad de las Naciones Unidas en mayo de 1977; de ahí pasaron 35 años para que Panamá adoptara su legislación, en el 2003.
Según la ONU y la norma adoptada en Panamá, debe existir separación entre los detenidos. Los investigados y los condenados, no deben compartir espacio; "es el principio elemental de la ley", asegura Justiniani.
Justiniani recuerda que el primer punto en la propuesta de "Patria Nueva" fue modernizar la legislación penitenciaria. En una reunión con el presidente Martín Torrijos, éste le comunicó que se necesitarían unos B/. 60 millones para hacerlo y que habría que "sacarlos" de Educación, Salud y carreteras.
A juicio de Justiniani, el dinero donado por la Comunidad Europea bien podría ser usado para este fin; ya que asegura supera los B/. 300,000 millones.
