El magistrado presidente del Tribunal Electoral (TE), Eduardo Valdés Escoffery, sugirió a los políticos y otros sectores de la sociedad, discutir y aprobar unas reformas a la Constitución, aprovechando la Asamblea saliente y la entrante, utilizando el mecanismo que establece la Constitución actual.
Aunque en la Asamblea Legislativa se habla de la posibilidad de discutir la aprobación de un referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente, Escoffery sostuvo que este es el momento para reformar la Constitución sin que cueste un centésimo. El referéndum costaría B/.8 millones.
Manifestó que ahora es la oportunidad histórica de aprovechar la Asamblea que sale y la que entra, como lo hizo Ernesto Pérez Balladares con Guillermo Endara, para reformar la Carta Magna.
"Sería una lástima que no se aproveche la coyuntura histórica que se da cada cinco años, para hacer por lo menos ajustes fundamentales a la Constitución", precisó.
Sostuvo que con esta alternativa ni siquiera hay que hacer referéndum y nos ahorramos el dinero. Sólo requiere de la voluntad política del Gobierno que termina y el que tomará posesión, los que tendrían que sentarse a conversar y discutir una agenda de reformas constitucionales para que tenga éxito.
"Desde el punto de vista político y económico, eso sería lo más práctico, pero obviamente aquellos que abogan por una Constituyente como una reforma integral, probablemente no estarían de acuerdo", enfatizó.
Manifestó que de ser rechazada esta alternativa y se acoja la del referéndum, el Tribunal Electoral sólo necesitará tres meses para organizar el referéndum con el cual se convocaría a una constituyente.
"Estaremos a la espera que se tome la decisión política".
En el 2003 denunció ante el Tribunal Electoral cerca de 3,500 cambios de residencia de forma fraudulenta que se estaban dando en la provincia de Bocas del Toro.
Posteriormente se inscribió en el partido Cambio Democrático para optar por una legislatura para el periodo 1999-2004, curul que no pudo alcanzar al no salir electo.
En las elecciones de este año, realizada el pasado domingo 2 de mayo, nuevamente se postuló a la legislación en el circuito 1-1, pero corrió con igual suerte, ya que obtuvo la mayoría de votos, pero no pudo ocupar la curul al aplicarse el medio cociente.
El caso de Mario Miller y el del también ex legislador Anel Ramírez son los que han suscitado la expulsión de sus respectivos colectivos políticos, en la reciente historia legislativa panameña.
El ex procurador Carlos Augusto Villalaz denunció que el legislador del PRD, Mario Miller, exigió B/. 1 millón 450 mil, en dos entregas, al grupo de comerciantes que intentó extorsionar, de lo contrario los iba a denunciar en la Asamblea por el delito de contrabando.
El entonces presidente Ernesto Pérez Balladares aseguró que Mario Miller, a quien el PRD le revocó el mandato de legislador, tras ser acusado de extorsión, "está preso porque infringió la ley"" y no por orden del Órgano Ejecutivo.
"Les voy a decir otras cosas más: Mario Miller no está preso por culpa mía. Mario Miller está preso porque infringió la ley y porque lo ordenó el Ministerio Público", sentenció Pérez Balladares.
En tanto el representante del Ministerio Público, Rigoberto González, explicó que durante la audiencia celebrada en 1997 se demostró que Miller había tomado el maletín y que ello se confirma en las sentencias de primera y segunda instancia, en las cuales se declara responsable al sindicado de los delitos que se le imputan.
El director de la Policía Técnica Judicial (PTJ), Gabriel Castro señaló que durante el operativo, Miller aceptó el maletín con B/. 100 mil dólares sin ningún tipo de presión, lo abrió y procedió a revisar su contenido, destacando que de ello existen grabaciones y filmaciones.
El dinero estaba cifrado y marcado y el mismo pertenecía a los comerciantes que estaban siendo víctimas de la extorsión, añadió.
