El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, tendrá que resolver la demanda de inconstitucionalidad que presentó el Partido Popular contra la orden de suspensión de la comunicación celular que giró la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (ASEP) en las comunidades de Viguí y Horconcitos, a inicios del mes de febrero.
En la demanda del presidente de este colectivo, Milton Henríquez, se busca la inconstitucionalidad contra la resolución 5109 del 3 de febrero de 2012, porque, a su juicio, el artículo 55 de la Constitución Nacional señala que las garantías fundamentales de las personas solo pueden ser suspendidas por el Órgano Ejecutivo a través de un decreto acordado por el Consejo de Gabinete y no del Consejo de Seguridad como se hizo.
El demandante explica que una de las garantías de las personas es emitir libremente su pensamiento de palabra, por escrito u otro medio, como lo establece el artículo 37 de la Carta Magna. Moncada Luna también analizará la demanda que presentó el abogado Vicente Archibold.
