Lo cierto es que ahora en el 2005 este edificio se encuentra muy deteriorado y sólo dos familias, desde 1978, permanecen en el inmueble. Los demás, llegaron después.
La señora Sandra Quijada manifestó que después de la invasión, la mayoría de las familias que vivían allí desde 1978 se mudaron a otras áreas. Este fue el momento en que personas de mala reputación se alojaron en el lugar sin tener derecho y actualmente este lugar se ha convertido en una guarida de indigentes y malhechores que hacen sus fechorías en el área y se esconden.
El Ministerio de Vivienda (MIVI) tiene contemplado reubicar a las familias constituidas que habitan aun el inmueble, pero que este proceso se hará de manera paulatina y que se está llevando a cabo en conjunto al Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia (MINJUMNFA).
Una vez salgan las últimas familias que allí habitan, el edificio será clausurado para evitar que el mismo sea nuevamente ocupado ilegalmente.
Letzaida Ramírez, jefa del Departamento de Traslado y Reubicaciones del MIVI, manifestó que la actual administración, "no quiere tomar este problema y llevarlo a otro lugar", sino "efectuar un trabajo proponiendo calidad de vida para estos panameños".
Destacó que en este proceso los integrantes de la banda juvenil "Los Hijos Pródigos", -que utilizaban este inmueble como sede para sus operaciones delictivas-, están recibiendo un seminario organizado por MINJUMNFA, con el objetivo de encaminarlos hacia una resocialización.
Por su parte, la corregidora de San Felipe, Hermelina Peralta, dijo que el clima de inseguridad en esta casa ha afectado a la Plaza Herrera y en general al corregimiento.
De acuerdo con las cifras que maneja la corregiduría de San Felipe, sólo 12 familias están realmente constituidas.
La señora Sandra Quijada está de acuerdo con que ya es hora de trasladarse a otro lugar, siempre y cuando no sea "donde el diablo guardó los zapatos", o sea, muy lejos.
Ella confía en que la actual ministra de Vivienda interponga sus buenos oficios para que se escoja la mejor solución.
Sin embargo, para el señor Manolo Salceda el trabajo no es sólo reubicar a las personas y clausurar el edificio. En el contrato de arrendamiento firmado con el Estado, la cláusula sexta señala que "El Estado se obliga a desocupar el inmueble arrendado en las condiciones en que lo recibió y por medio de la dirección encargada para tal efecto y comunicar su decisión a los arrendadores en un término no menor de un mes".
Salceda advirtió que luchará legalmente para recuperar su edificio en buen estado y si es necesario recurrirá a los tribunales internacionales para que se haga justicia.
