Un año después de que se emitió la Resolución AL-002-11 de 6 de enero de 2011, que ordenó la remoción inmediata de las vallas publicitarias ubicadas en la servidumbre pública, el ministro de Obras Públicas, Federico Suárez, decidió aplicar las multas.
Para entonces, Suárez calificó el negocio como una actividad en la que reinaba la “anarquía”, que lo llevó a aplicar el Artículo 4 de la Ley 11 de 27 de abril de 2006 que “prohíbe la instalación de infraestructuras o anuncios publicitarios en las vías públicas”.
Y a pesar de que la resolución dio plazo hasta el 15 de abril de 2011 para que los propietarios de vallas sacaran sus infraestructuras de los espacios públicos, no fue hasta el pasado 24 de enero cuando se inició la aplicación de multas hasta de 50 mil dólares.
Durante este tiempo, el Ministerio de Obras Públicas no logró acabar con el problema, pero tampoco se aplicaron sanciones a aquellos que se resistieron a la medida.
Santana Ábrego, presidente encargado de la Unión de Productores de Públicas Exterior apoyó la medida al destacar que en principio la resolución solo se aplicó a los pequeños comerciantes, quienes cumplieron con remover sus vallas , pero no así los grandes productores.
“Es un problema que persiste a gran escala en la capital y ninguna tiene valla ilegal”, manifestó.
Ábrego negó que se trate una actividad ilegal, ya que cuentan con los permisos.
