Desde tempranas horas de este miércoles moradores de varias comunidades de El Valle de Urracá mantienen cerrada la vía que da aceeso al área donde se construye la nueva fase del Corredor Norte, sin permitir el paso de los camiones y equipo de construcción de la empresa PYCSA, responsable de la ampliación del corredor.
Los residentes rechazan el monto aprobado por la comisión gubernamental creada para la evalución de los daños de sus viviendas, establecido entre 50 y 300 balboas, por considerarlo injusto.
Voceros de las comunidades afectadas por las detonaciones efectuadas por la empresa PYCSA el 22 de agosto pasado, confirmaron que el día de ayer se les informó que las sumas a pagar en concepto de indeminzación no supera los 50, 100 y 200 balboas por residencia, a pesar del elevado costo de los materiales de construcción y el tiempo que han tenido que esperar para resolver esta situación.
Según los quejosos esta decisión es una burla a sus necesidades, por lo que mantendrán cerrado el acceso hasta que personal de la empresa constructora se acerque y les haga una nueva propuesta económica.
A mediados de septiembre de este año los moradores de Altos del Valle de Urracá, Loma Bonita y Liberación pidieron la intervención de la Defensoría del pueblo debido a las afectaciones que sufrieron algo más de 200 viviendas del sector producto de las detonaciones realizadas para la construcción de los ramales que amplián el corredor.
En ese momento, la constructora, el gobierno y los residentes acordaron la creación de una comisión evaluadora intergrada por personal del ministerio de Obras Públicas (MOP), de el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), y del cuerpo de Bomberos, quienes debían cuantificar los daños de las residencias y definir el monto de la indemnización a pagar.
Pasadas las 7 de la mañana no se había acercado ningún funcionario de PYCSA, pero ya se encontraban en el área unidades de la fuerza pública.
