Gilberto Gutiérrez de 42 años, recibió está semana una carta con un membrete de la "Casa Dawson" donde el administrador del inmueble, Roberto Fierro, le comunica que a más tardar este sábado debe desalojar el cuarto que ocupa porque el edificio será sometido a una remodelación.
El caso del señor Gutiérrez es el drama común que vienen enfrentando unas 2 mil familias del corregimiento de San Felipe, que han tenido que abandonar el lugar debido al plan de restauración del Casco Viejo, declarado en diciembre de 1997, Patrimonio Histórico de la Humanidad.
Además de Gutiérrez, las familias que ocupan otros cinco cuartos de la "Casa Dawson" fueron notificadas que deben abandonar el inmueble en el mismo plazo.
Gutiérrez, que ejerce el cargo de fiscal de la Asociación de Moradores de San Felipe, manifestó que está preparado con un machete porque " le voy a tumbar la cabeza al primero que llegue a desalojarme".
El infortunado vive en un amplio cuarto con baño, sala, dos recámaras y amplia cocina. Pero el inmueble está deteriorado y las escaleras son una trampa de muerte, lo que refleja la falta de mantenimiento al lugar por muchos años.
El afectado denunció que al igual que en su caso muchos desalojos y reubicación de personas en el barrio se han hecho " atropellando" a miles de familias y sin cumplir con los procedimientos específicos que contempla la ley para estos casos.
Destacó que con una carta enviada por una inmobiliaria privada pretenden desalojarlo a él y a su familia sin que medie la participación del Ministerio de Vivienda, la Junta Comunal y la Corregiduría del lugar.
De acuerdo con Gutiérrez el MIVI debe elevar la solicitud de lanzamiento a la Corregiduría para que ésta ordene y ejecute la orden, pero "aquí en San Felipe no se está cumpliendo eso", destacó el ciudadano.
El afectado denunció que la "Casa Dawson" es propiedad del colombiano Ricardo Track, quien para la restauración de los inmuebles en el lugar trae mano de obra extranjera que no cumplen con las disposiciones legales para ejercer el trabajo aquí.
"Aquí todo se ha convertido en el clásico atropello del más fuerte contra el más débil", aseguró Gutiérrez, quien a la vez reiteró que "le va a tumbar la cabeza" al que intente desalojarlo de su cuarto.
Manifestó que la situación de ilegalidad y atropello contra los más pobres del barrio continua sin que medie autoridad alguna que haga algo por ellos.
Como miembro de la Asociación de Residentes de San Felipe, Gutiérrez manifestó que las familias que han sido desalojadas del barrio "no tienen a donde ir" y muchas son reubicadas de "manera improvisada" en sitios que no reúnen las condiciones mínimas para habitar.
Precisó que durante este mes fue desalojada una familia de la calle cuarta que fueron reubicados en un inmueble a un costado de la Iglesia de San José.
Indicó que el desalojo se efectuó de manera violenta ya que procedieron a derrumbar la casa y a la familia no le quedó otra alternativa que salir del cuarto.
También señaló que en la Avenida B, otras tres familias fueron desalojadas de un inmueble a pesar de que había apelado la orden de lanzamiento.
Manifestó que la corregidora de San Felipe ordenó el lanzamiento a pesar de que había una apelación. Gutiérrez indicó que en este mismo caso cinco familias más tendrán que abandonar el inmueble en un plazo de tres meses.
Señaló que los propietarios de inmuebles en San Felipe han dejado de cobrar a los inquilinos para alegar morosidad como excusa para efectuar los lanzamientos.
Gutiérrez recordó que el Casco Viejo fue declarado Patrimonio Histórico con la población de San Felipe adentro y el lugar no estaba deshabitado, por lo que debe haber permanencia de personas en el barrio.
Manifestó que los moradores pueden contribuir al desarrollo del proyecto turístico en las obras de reparación y en los empleos que se generarán, a la vez que rechazó que San Felipe sólo sea para que vivan los turistas y los ricos.
Destacó que la Asociación de Moradores reconoce que el cierre de calles no es una alternativa viable por lo que tienen proyectado ejercer otras medidas de más presión, entre las cuales incluyen la toma del Consejo Municipal de Panamá o de la propia Alcaldía de Panamá, hasta que las autoridades hagan un alto a los "atropellos" que se vienen cometiendo contra los humildes en San Felipe.
Otro afectado, el señor Omar Macre, con cédula de identidad personal, 4-16-1424, denunció que una funcionaria de la Junta Comunal de San Felipe le ordenó que desalojara el cuarto que ocupa en un inmueble en Calle 12 porque tenía que ser habitado por otra persona.
Macre se mostró extrañado que una funcionaria de menor jerarquía en la Junta Comunal sea la que le ordene el desalojo con la finalidad de que el cuarto sea ocupado por otra persona.
Pidió la intervención de las autoridades en su caso ya que aseguró que no tiene problemas de morosidad ni de mal comportamiento en el inmueble.
Macre señaló que en su caso al igual que el de muchos otros vecinos se está cometiendo una injusticia social.
En cuanto a los proyectos habitacionales que prometió el MIVI para reubicar a los residentes de San Felipe, el fiscal de la Asociación de Moradores de San Felipe, manifestó que el gobierno nacional no tiene propuesta de solución para ellos.
Precisó que en su caso particular fue citado al MIVI para que comunicara a qué lugar quería ser reubicado y manifestó que prefería El Marañón.
"Luego de comunicar mi decisión, el MIVI me dijo que para El Marañón no tenían solución para mí", dijo el dirigente, quien señaló que esa respuesta le dio a entender que el gobierno no tiene ninguna solución para ellos.
Gutiérrez denunció que los proyectos habitacionales que ejecuta el gobierno nunca son ocupados por la gente que es removida de San Felipe.
Señaló que rechazan el traslado para El Chorrillo porque ese es un corregimiento con problemas habitacionales que se complicaría si ellos van para allá.
También rechazó el traslado a las áreas revertidas de Arraiján porque no reúnen las condiciones mínimas para vivir ni cuentan con los servicios básicos necesarios como los que tienen ahora en San Felipe.
"En conclusión el gobierno no tiene una solución definitiva para nosotros", comentó el fiscal de la mencionada asociación.
Interrogado del por qué existen dos agrupaciones, la Asociación de Moradores y la Coordinadora de San Felipe, luchando por el mismo objetivo, Gutiérrez mencionó que la política partidista fue el motivo que los obligó a conformar otro grupo distinto al de la Coordinadora.
Gutiérrez destacó que el dirigente de la Coordinadora de San Felipe es de la tesis de que los habitantes del barrio deben ser trasladados para otro sitio mientras que los de la Asociación de Moradores, son de la idea de que un alto porcentaje de residentes debe permanecer en el lugar a pesar del proyecto turístico.
Denunció que a diferencia de la dirigencia de la "Coordinadora" ellos no son políticos y el único interés que los motiva es luchar por la defensa de los derechos de los moradores del barrio que después de muchos años de residir en el lugar están siendo desalojados.
Mencionó que el dirigente de la "Coordinadora" participó en las elecciones primarias del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y luego de su derrota en ese colectivo, decidió correr como candidato para otro partido en las pasadas elecciones.
"El de San Felipe es un problema social y no político por lo que decidimos abrirnos porque hay cosas que no compartimos con el otro grupo", aseguró Gutiérrez.
La Junta Comunal de San Felipe y el Ministerio de Vivienda adelantan varios proyectos para la reubicación en los edificios tipo "Salomón" que construye en varios puntos de la ciudad el gobierno nacional.
Otra alternativa que se tiene es la compra de lotes en las áreas revertidas de Arraiján y La Chorrera con la finalidad de trasladar a moradores de San Felipe hacia esos lugares.
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